La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la inconstitucionalidad del artículo 133 del Código Civil para el Estado de Aguascalientes que expresamente prohíbe modificar el nombre de una persona con el que fue registrado al momento de su nacimiento, permitiendo solo una anotación marginal.

 

Los ministros señalaron que la prohibición contenida en este artículo no tiene justificación constitucional ni constituye una medida necesaria, razonable o proporcional, en tanto que su razón es el respeto al principio de inmutabilidad del nombre.

 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que el derecho al nombre es un derecho humano previsto en el artículo 29 constitucional, esto con fundamento en las obligaciones plasmadas en el artículo primero de la Constitución Federal.

 

En la resolución se señala que atendiendo a la interpretación más favorable, el derecho al nombre es un derecho humano con el siguiente contenido y alcance: es el conjunto de signos que constituye un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona, sin el cual no puede ser reconocida por la sociedad; está integrado por el nombre propio y los apellidos y debe ser elegido libremente por la persona misma, los padres o tutores, según sea el momento del registro; por tanto, no puede existir ningún tipo de restricción al derecho ni interferencia en la decisión.

 

Los ministros señalaron que este derecho puede ser reglamentado en la ley a efecto de evitar que el solicitante modifique su estado civil o filiación de mala fe o que con tal acto se contraríe la moral o se busque defraudar a terceros, siempre y cuando no se prive de su contenido esencial: el derecho al nombre y la posibilidad de modificarlo; por lo que, una vez registrada la persona, se debe garantizar la posibilidad de preservar o modificar el nombre y apellido, y que es un derecho que no se suspende, incluso en tiempos de excepción.

 

La solicitante promovió juicio de rectificación de acta de nacimiento, mismo que el juez de lo familiar, aplicando el artículo 133 del Código Civil para el Estado de Aguascalientes, consideró improcedente y, en apelación, se confirmó dicha determinación. Inconforme interpuso amparo, el cual negó el tribunal competente. En desacuerdo, promovió el recurso de revisión.

 

 

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