El representante del Frente Campesino Indígena (FCI), Ramón Gardea, denunció en entrevista con Canal 28 XHABC de Chihuahua que por la tristeza que les genera a los padres y madres tarahumaras de no tener que darles de comer a sus hijos hasta el 10 de diciembre del año pasado, 50 personas se habian suicidado arrojándose al barranco.

 “Cuando llevan cuatro cinco días sin tener que dar de comer a sus hijos, se ponen tristes y es tanta su tristeza que hombres y mujeres fueron al barranco y se arrojaron”, dijo Gardea al Canal 28 XHABC.

Esta declaración ha sido desmentida por el gobierno del estado, que a través del Secretario de Fomento Social, Servando Portillo, explicó que se ha llevado ayuda alimentaria a la Sierra entregando paquetes de alimentos que contienen maíz, frijol, paquetes de embutidos, carne molida y cajas de leche a 441 comunidades.

A pesar de esos esfuerzo, un total de seis defunciones por desnutrición severa se han registrado en la región de Carichí, las cuales han sido confirmadas mediante actas de defunción desde mayo del pasado año a consecuencia de la pérdida de los cultivos para autoconsumo. En los poblados de  Napuchi, Wisarorare, Baquiachi y Pasigochi, el índice de mortandad ha aumentado, debido a la falta de alimento, complicándose otros padecimientos.

En las actas de defunción señalan que los decesos estuvieron relacionados directamente con la desnutrición, hasta por cuatro meses consecutivos, sumado a fracturas en cadera, anemias, diabetes, etcétera.

En junio del año pasado estuvo en nuestro país , el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Olivier de Schutter, con el objetivo de evaluar el cumplimiento de esa garantía en el marco de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 que amplia la protección a los derechos humanos.

Con la mencionada reforma se modifica la denominación de garantías individuales a derechos humanos y garantías e incluye también la protección de otros derechos humano que si bien no están explícitos en la Constitución, forman parte de tratados internacionales ratificados por México.  Además el pasado 14 de octubre de 2011 entró en vigor el párrafo tercero al artículo 4 de la Constitución que establece el derecho a la alimentación en nuestro país, y que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”

Este derecho ya estaba garantizado a las comunidades indígenas, de acuerdo con el artículo 2°, apartado B, fracción III, y a los niños y niñas, de acuerdo con el artículo 4°, sexto párrafo.

“El derecho a la alimentación es el derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra en dinero, a una alimentación adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a que pertenece el consumidor y que garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna.”

Pero esta protección constitucional no representa nada para 60,000 familias de la Sierra Tarahumara que están padeciendo las consecuencias de la helada atípica de febrero de 2011 y  la intensa sequía que se presenta en la región desde hace casi un año. Es posible que este año también pierdan  y hasta la cosecha de octubre de 2012 no tendrán comida.

El dirigente campesino dijo que la solicitud de ayuda a funcionarios del gobierno estatal fue en vano, pues éstos le informaron que la autorización de partidas tiene una normativ.

La sociedad civil se ha organizado para apoyar a la región tarahumara, pero la emergencia apenas está iniciando, ya que es posible que este año tampoco exista cosecha de autoconsumo, y si los gobiernos estatales y federales siguen ignorando la situación, en el nuevo orden nacional de protección de derechos humanos, serán responsables de las muertes que se presenten por esta emergencia, tanto a nivel nacional como internacional, como ha sucedido en otros caso recientes de violaciones a los derechos humanos.

www.miabogadoenlinea.net