Por una mayoría de 5 votos a favor y uno en contra, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordenó al Instituto Electoral de Aguascalientes registrar a Martín Orozco como candidato a gobernador, a pesar de que aún existe un auto de formal prisión en su contra, y que el artículo 38, fracción II de la Constitución Política establece claramente que es una causa para suspender los derechos de un ciudadano.

El criterio que prevaleció fue uno ya expuesto en la tesis relevante que data de 2007: SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 38 CONSTITUCIONAL. SÓLO PROCEDE CUANDO SE PRIVE DE LA LIBERTAD. Esta tesis señala que mientras no se prive de la libertad y, por ende, se le impida el ejercicio de sus derechos y prerrogativas constitucionales, tampoco hay razones que justifiquen la suspensión o merma en el derecho político-electoral de votar del ciudadano.

El mismo gira en torno a ampliar, potenciar los derechos políticos electorales, aun por encima de la norma secundaria; la prevalencia del principio de presunción de inocencia previsto en el artículo 20, apartado B de la Constitución Política, que establece que una persona es inocente hasta que exista una sentencia emitida por el juez de la causa; que las restricciones a los derechos políticos deben ser razonables, proporcionales, efectivas, sobre todo si no son delitos graves; y el contenido de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Esta decisión hace recordar el caso de Julio César Godoy, diputado electo sobre el cual pesaba una orden de aprehensión y se encontraba prófugo de la justicia. En esa ocasión el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró que efectivamente sus derechos estaban suspendidos.

Las razones fueron que: “…la interpretación gramatical del artículo 38 de la constitución lleva a considerar que tales derechos se suspenden cuando se actualiza el núcleo de la prohibición…”; “…es manifiesta la voluntad del Poder Constituyente en el sentido de que, dicha suspensión ha de operar ipso iure, esto es, desde el momento en que se actualiza la hipótesis normativa…”

Y sobre todo, “…atendiendo al principio de supremacía constitucional contenido en el artículo 133 de la Carta Magna, toda autoridad está constreñida a acatar los mandatos o previsiones que dimanen de la propia Norma Suprema, lo cual es acorde con el postulado de todo Estado Democrático de Derecho, en el que, las autoridades quedan obligadas a actuar siempre conforme a la constitución…”

Estos mismos argumentos, fueron los expuestos por el magistrado Flavio Galván para sostener que se deben suspender los derechos de Martin Orozco, pero en esta ocasión no fueron válidos. En el debate el Magistrado sostuvo su posición y concluyó diciendo “Si está mal, que se reforme, si no es moderno, que se actualice, si es inconstitucional que se declare...ahí esta le Ley y en mi concepto tenemos que aplicarla”.

Los magistrados tomaron su decisión sin importar que se violan criterios que ellos mismos defendieron en el caso de Godoy; el principio de legalidad; de supremacía constitucional; que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los tratados internacionales ocupan el rango inmediatamente inferior a la Constitución en la jerarquía de las normas en el orden jurídico mexicano, y que su decisión es contraria al texto de la Carta Magna.

Con esta sentencia el Tribunal evadio el principio general de derecho UBI LEX NON DISTINGUIT, NEC NON DISTINGUERE DEBEMUS,  donde la Ley no distingue, nosotros no debemos distinguir.

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