Mapa de Indonesia

El tribunal popular internacional que se reunió del 10 al 13 de noviembre de 2015 en La Haya, Países Bajos, para revisar acusaciones contra el gobierno de Indonesia por los homicidios en masa ocurridos en 1965 en contra de comunistas, concluyó este miércoles que se cometió un genocidio conforme a la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio de 1948.

Los hechos revisados ocurrieron cuando en septiembre de 1965 el Partido Comunista de Indonesia, PKI, fue acusado de haber asesinado a generales del ejército en un fallido golpe de estado. Esta declaración dio pie para que el ejército iniciara represalias en contra de miembros y familiares del PKI, llegando al homicidio de por lo menos medio millón de personas, aunque activistas de derechos humanos consideran que la cifra pudo haber sido superior al millón de personas.

La ola de violencia duró varios meses entre 1965 y 1966, aunque las fuerzas estatales continuaron acosando, persiguiendo y arrestando a cientos de miles de sospechosos de ser comunistas hasta los primeros años de la década de los años 70.

Durante este periodo llegó a la presidencia de Indonesia Suharto, miembro del ejército, quien permaneció en el poder hasta 1998. Suharto prohibió cualquier intento de procesar los homicidios de 1965, constantemente culpando a los comunistas de haber iniciado el conflicto.

Solo hasta que Suharto dejó el poder, testigos empezaron a hablar sobre las atrocidades que se cometieron durante ese periodo, señalando que la mayoría de las víctimas fueron civiles inocentes. De esta forma, se acusó al gobierno de haber cometido actos de tortura y detenciones ilegales efectuadas por la simple sospecha de que se trataba de amigos o familiares de miembros del PKI. Más de 100,000 personas fueron llevadas de manera forzosa a una remota isla en Java Central y mujeres y niños sufrieron violencia sexual y discriminación durante varios años. Se acusa, además, que varios detenidos fueron sometidos a trabajos forzados.

Muchos esperaban que el actual presidente Joko “Jokowi” Widodo abordara la situación ofreciendo una disculpa a las víctimas y procesando a los culpables como lo prometió durante su campaña presidencial, pero una vez en la presidencia ha ignorado las peticiones para que se aborde apropiadamente este tema.

El tribunal popular internacional reunido en los Países Bajos no es un tribunal penal con jurisdicción ni capacidad de ordenar el resarcimiento a las víctimas, sino que actúa como una fuerza política con la pretensión de develar este oscuro episodio de la historia de Indonesia.

Ante el tribunal se presentaron 16 testigos, seis fiscales internacionales y siete jueces. Inicialmente el gobierno de Indonesia fue procesado por nueve cargos que incluyeron el asesinato en masa, tortura, violencia sexual, esclavitud y desplazamientos forzosos. Al final se incluyó un cargo más, de genocidio, sobre el que esta semana el tribunal concluyó con la culpabilidad del gobierno de Indonesia., etcétera.

El veredicto fue dado a conocer por Zakeria Yacoob, quien presidió el panel de jueces. Desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el juez dijo que “los hechos presentados ante el tribunal por la fiscalía incluyen actos que están en aquellos enumerados por la Convención sobre Genocidio”, aclarando que Indonesia es parte firmante de dicha Convención.

El juez Yacoob declaró que tales actos del estado habían tenido como objetivo a una significativa y sustancial sección de la nación indonesia, que debió haber sido protegida conforme a los términos de la mencionada Convención.

Para los jueces, estos actos fueron efectuados con “la intención específica de aniquilar o destruir esa sección en todo o en parte”.

El gobierno de Indonesia, por su lado, ha declarado que no reconoce este tribunal, y en voz de Luhut Pandjaitan, ministro de asuntos legales y de seguridad, dijo que no se disculparán con las víctimas y sobrevivientes de la violencia de 1965 porque Indonesia tiene un sistema legal propio.

Más información thediplomat.com y jakartapost.com

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