El pasado 3 de febrero los legisladores de Sudán del Sur aprobaron una polémica ley que limita el número de trabajadores extranjeros en las organizaciones de asistencia humanitaria que trabajan en el atribulado país, que obtuvo su independencia en julio de 2011.

De esta forma, la aprobada Ley de Organizaciones No Gubernamentales dispone que el 80 por ciento de los puestos de estas ONG deben ser llenados por sudaneses del sur en todos los niveles organizacionales, desde los niveles más bajos hasta los gerenciales. La ley excluye de su ámbito de aplicación a la Cruz Roja Internacional y a las organizaciones de ayuda humanitaria de la ONU como el Programa Mundial de Alimentación o la UNICEF.

Diferentes miembros de las ONG que prestan ayuda en el país han declarado que las cifras estipuladas en la ley simplemente son imposibles de cumplir y aseguran que, si bien el 80 por ciento de sus miembros son sudaneses del sur, los puestos gerenciales están ocupados por extranjeros casi en su totalidad.

Las organizaciones de ayuda humanitaria en el país son clave en este momento pues desde el 2013 el país se encuentra sumido en una guerra civil en la que han muerto decenas de miles de personas y se calcula que han sido desplazadas 2.3 millones de personas. Además, se calcula que actualmente 3.9 millones de personas son víctimas de una severa escasez de alimentos.

Ante este panorama, muy a menudo las organizaciones internacionales son la única fuente de asistencia sanitaria en diversas regiones del país.

A lo anterior debe sumarse la crisis económica. Si bien Sudán del Sur tiene como parte de su territorio una rica región petrolera, el principal gasoducto construido pasa por Sudán, país del que se independizó, y al que deben pagar derechos por el uso de suelo. Aunado a la constante explosión de tramos del gasoducto, producto de la guerra, y a la caída del precio del petróleo, el gobierno del presidente Salva Kiir tuvo que negociar un acuerdo con el gobierno de Omar Al-bashir, de Sudán, para la reducción de derechos de paso pues su gobierno estaba perdiendo dinero con cada barril de petróleo exportado debido al alto precio del transporte.

Todas estas circunstancias hacen que Sudán del Sur cada vez sea más dependiente de la ayuda internacional.

La ley sobre las ONG que acaba de ser aprobada por el Parlamento, pero que aún debe ser ratificada por el presidente para ser vigente, pretende, según sus creadores, generar fuentes de empleo para los sudaneses del sur, una explicación que resulta poco comprensible tras el ofrecimiento del gobierno de fuentes de trabajo a profesionistas de otros países africanos como Zimbawe.

Y mientras millones de sudaneses del sur sufren los efectos devastadores del hambre, su presidente sigue erogando el dinero en armas, habiendo gastado tan solo el mes pasado 78 millones de dólares en ocho helicópteros de ataque Mi-24.

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