El pasado 22 de enero la sala judicial del juez Brent Knazan de la Corte de Justicia de Ontario, Canadá, se llenó de murmullos cuando dio a conocer su veredicto de no culpabilidad por el delito de acoso a Gregory Alan Elliott, en lo que se califica como el primer caso de acoso efectuado exclusivamente en redes sociales, específicamente en Twitter, que llega a los tribunales.
Gregory Alan Elliott fue acusado por Stephanie Guthrie y Heather Reilly, dos usuarias de Twitter que sintieron en 2012 que estaban siendo intimidadas por este hombre de mediana edad a través de la red social. Durante el proceso testificaron que Elliott se obsesionó con ellas, enviándoles incesantemente mensajes lo que las llevó a bloquearlo.
Pese a lo anterior, Elliott encontró la forma de seguir en contacto con ellas, ya fuera tuiteando sobre ellas o enviando mensajes con hashtags que sabía que ellas leerían.
Pese a que ninguno de los mensajes contenía amenazas a sus vidas, los mensajes eran ofensivos y hostiles.
Stephanie Guthrie testificó que lo que la llevó a presentar la denuncia penal fue el miedo que sintió por el volumen de los tweets de Elliott: “En algunos casos el contenido (de los mensajes) era tan frecuente como aterrador”
Heather Reilly, por su parte, declaró que se decidió a presentar la denuncia cuando un mensaje de Elliott la llevó a considerar que las interacciones en línea podían llevar a una interacción física pues se refería a un bar en el que ella estaba en ese momento con amistades: “Mucha fealdad esta noche en el Cadillac Lounge”, decía el tweet de Elliott.
La defensa de Elliott, a cargo del abogado Chris Murphy, estableció el caso como de libertad de expresión, señalando que los intercambios de mensajes se habían originado por diferencias políticas que los habían llevado a una conducta infantil de insultarse con nombres unos a otros.
Durante el proceso se repitió que había sido Elliott el acosado por sus puntos de vista políticos por parte de un grupo en Twitter, en que se incluían a las dos quejosas, y que sus mensajes eran su medio de defensa de acusaciones ofensivas.
Así, basada la defensa en la libertad de expresión de ideas políticas, el abogado Murphy declaró: “Los políticos canadienses que deciden confundir a sus oponentes con insultos no podrían razonablemente estar temeroso de sus oponentes políticos que decidan contestar”.
La fiscal del caso, la abogada Marnie Goldenberg rebatió que no se trataba de un caso de libertad de expresión: “Los tweets de Elliott no son sobre él expresando su opinión. El señor Elliott tuiteó para acosar a las quejosas”, escribió en sus argumentos de cierre y añadió: “De haber querido expresar sus opiniones lo hubiera hecho sin involucrar a las quejosas”.
Sin embargo, parece ser que lo que llevó a decidir al juez Knazan, quien dijo que el caso no se podía entender sin entender realmente cómo funciona Twitter, fue si los mensajes inspiraban miedo a las víctimas o no y por tanto si bajo la ley vigente se podía configurar el delito de acoso.
Sobre este punto el abogado de la defensa señaló que el que las quejosas hubieran compartido los tweets y se hubieran burlado de Elliott era una conducta indicativa de que no estaban realmente asustadas.
A lo anterior, la fiscal cuestionó si para configurar el delito las víctimas tenían que permanecer en silencio y permitir que el acosador continuara con su conducta.
Han sido precisamente estas cuestiones las que han puesto a debate la ley vigente y la protección que otorga cuando el acoso no incluye interacción física, sino que es exclusivamente en la red. Probablemente este caso sea uno de los pivotes que impulse un cambio legislativo.
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