Un juez de paz de una localidad uruguaya ha sido procesado por el delito de concusión y falsificación ideológica de documento público tras haber realizado cobros indebidos para celebrar matrimonios civiles en las localidades, algunos de ellos incluso fuera de su jurisdicción. Quince de los matrimonios celebrados están siendo revisados por las autoridades registrales pues podrían estar afectados de nulidad.
Se trata del juez de paz, encargado también del Registro Civil, de Conchillas, pequeña localidad próxima al Río de la Plata que según el censo de 2011 contaba con 401 habitantes. Junto con él fue procesado por un delito continuado de concusión el único funcionario del juzgado de Conchillas.
Las autoridades encontraron que estos funcionarios cobraban de más a las parejas que iniciaban trámites para contraer matrimonio y que querían las celebraciones en sus casas, por lo que el juez muchas veces llevó los libros registrales a zonas fuera de su jurisdicción. Además, cobraban un cargo extra por los timbres necesarios para las actas matrimoniales y muchas veces no los agregaban a la documentación. Por tal motivo estos matrimonios están afectados de vicios de forma que conforme al derecho uruguayo podrían implicar su nulidad.
Conforme a una fuente judicial, sobre esas irregularidades prima la buena fe de los contrayentes. Sin embargo, en caso de que alguno de estos matrimonios opte por el divorcio, dichos vicios afectarían el proceso, ya que procesalmente se podría argumentar la nulidad lo que tendría impacto en lo que se refiere a la repartición de bienes.
El auto de procesamiento expresa que "durante cinco años aproximadamente", el funcionario judicial, con conocimiento del juez de paz "cobraba a las parejas que contraían matrimonio en la oficina una suma superior a la fijada para dicho trámite. Asimismo, recibían dinero en efectivo, sin informar a los usuarios que debían concurrir con los timbres correspondientes y, además, no agregaban dichos timbres al expediente ni a la libreta de matrimonio".
En dos oportunidades, por lo menos, "ambos funcionarios judiciales concurrieron a otras jurisdicciones con los libros del Juzgado de Conchillas y realizaron los respectivos documentos como efectuados en esta localidad, y no donde efectivamente se realizaba la ceremonia".
La juez penal del caso dispuso la prisión domiciliaria para el juez debido a que está afectado de alguna enfermedad, y trascendió que los afectados por los matrimonios irregulares, es decir 30 personas, serán llamados a declarar.
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