La Guardia Civil española ha detenido a cuatro personas en las poblaciones de Jumilla y Abarán en Murcia, España, al estar relacionadas con la producción ilegal de plantas de chabacano o albaricoque de una variedad que se encuentra protegida y, por tanto, obliga al pago de regalías por la reproducción y multiplicación de la misma.
La investigación fue iniciada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) al detectar que en campos agrícolas de estas poblaciones, se estaba explotando sin la autorización correspondiente variedades de nectarinas y albaricoques registradas por una empresa.
A través de un estudio realizado por la Asociación de Obtentores Vegetales, la Guardia Civil comprobó que efectivamente se trataba de una variedad inscrita en el Registro Oficial de Variedades Protegidas y cuya reproducción y multiplicación implica el pago de regalías.
La Guardia Civil acusó a cuatro personas de obtener beneficios económicos a través de la explotación de variedades vegetales protegidas sin el consentimiento del propietario de un título de obtención vegetal, delito que puede ser castigado con penas de prisión de seis meses a dos años.
Las variedades vegetales de cualquier género y especie, tienen las características de ser nuevas, distintas, estables y homogéneas, y a la persona que desarrolló el proceso de mejoramiento correspondiente se le da el Título de Obtentor.
El Obtentor tiene el derecho de aprovechar y explotar, en forma exclusiva y de manera temporal, por sí o por terceros con su consentimiento, una variedad vegetal y su material de propagación, para su producción, reproducción, distribución o venta, así como para la producción de otras variedades vegetales e híbridos con fines comerciales.
En México este plazo es de dieciocho años para especies perennes como forestales, frutícolas, vides, ornamentales; y de quince años para las especies distintas, y aprovechar o explotar una variedad vegetal protegida, o su material de propagación, para su producción, distribución o venta sin la autorización del titular, e implica multas que van de 2,000 a 10,000 días de salario mínimo, es decir unos 140,000 a 700,000 pesos mexicanos.
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