Al desechar la apelación presentada por el gobierno en contra de una sentencia del Tribunal Superior, la Corte de Apelaciones de Gaborone, Botswana, confirma la ilegalidad de la política gubernamental del país africano de negar antirretrovirales a reos extranjeros con VIH y ordena que ponga a disposición de todo interno, sin importar su país de origen, el tratamiento médico.
El caso fue presentado judicialmente por dos internos extranjeros portadores de VIH, y la organización Botswana Network on Ethics, Law and HIV/AIDS, BONELA, en contra de la política del gobierno que negaba los medicamentos a los prisioneros no nacionales, negándose a absorber el costo de los mismos.
En agosto de 2014 el Tribunal Superior de Botswana falló a favor de los promoventes estableciendo que la política era ilegal y discriminatoria por lo que el gobierno debía hacer accesible a cualquier reo el tratamiento de antirretrovirales. Las oficinas gubernamentales implicadas en el caso apelaron la decisión esperando que se declarara la legalidad de la política lo que no sucedió cuando la Corte de Apelaciones terminó por desechar el caso después de haber escuchado los argumentos el pasado 23 de julio.
Se trata de un fallo importante no solo en materia de derechos humanos sino también de salud pública en Botswana y en la región como lo manifestó Phazha Molebatsi, activista de BONELA, quien agregó que vigilarán que el gobierno tome inmediatamente las medidas necesarias para proporcionar los medicamentos a los prisioneros portadores de VIH/SIDA a quienes ha estado negando acceso al tratamiento.
Por su parte, Annabel Raw, abogada de derechos humanos en materia de salud del SALC, Southern Africa Litigation Centre, organismo basado en Johannesburgo, Sudáfrica, dijo que están “exaltados con el fallo” y agregó: “La Corte de Apelaciones ha confirmado la obligación legal de Botswana de cuidar de las personas en detención, sin importar su origen. La ejecución de la decisión significará acceso a tratamientos que pueden salvar las vidas de personas que son particularmente vulnerables al VIH”.
SALC apoyó este caso en Botswana tanto financiera como técnicamente.
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