El juez de lo Mercantil Número 2 de Madrid, España, aceptó establecer las medidas cautelares solicitadas por la Asociación Madrileña del Taxi, y ha ordenado la cesación y prohibición en todo el territorio español de Uber, ya que los conductores que operan con este sistema carecen de autorización administrativa alguna para desarrollar la labor y la actividad que llevan a cabo supone competencia desleal.
Los taxistas acusan a Uber de fraude al anunciarse “como economía colaborativa, cuando en realidad es economía sumergida”. La economía o consumo colaborativo se basa en que diversos ciudadanos compartan bienes o servicios, dividiendo gastos.
El juez aclara en su resolución que la polémica en torno a la actividad de Uber no es una cuestión de debate filosófico sobre la libertad de mercado en general y la economía cooperativa en particular, sino "una protección cautelar basada en la legalidad vigente".
En este sentido se destaca que para la prestación del servicio de taxi con vehículo propio hay que ajustarse a la Ley de Ordenación de los Transportes, en cuyo artículo 42 se exige la necesidad de una autorización habilitante, bien por el Estado o por la comunidad autónoma, y que exige la obligatoriedad de tener licencia o autorización de transporte para contratar y facturar.
Además, la ley de competencia desleal determina que cuando se infringen normas que son exigidas para actuar en un mercado, la infracción es en sí misma una acción desleal. El auto considera que hay una “deliberada vocación de opacidad” en la compañía estadounidense.
El juzgado ha ordenado a medios de pago como 4B, Visa, Servired, Diners Club, entre otras, que suspendan todas las transacciones con Uber. Simultáneamente ha ordenado a las operadoras de telecomunicaciones suspender la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a las redes de telecomunicaciones o la prestación de cualquier otro servicio equivalente de intermediación en relación con la empresa estadounidense.
Además ordena paralizar el uso de cualquier aplicación (app), soporte, sistema tecnológico o informático para prestar el servicio de transporte de viajeros.
El juzgado señala que estas medidas "se ejecutarán una vez que la parte solicitante", es decir, la asociación de taxistas, "preste en el plazo de tres días siguientes a la notificación" del auto una caución en forma de aval bancario por importe de 10,000 euros.
Uber no sólo ha sido prohibido en España ya que en Holanda también se aplicó esta medida porque los conductores que trabajan con Uber no tienen la licencia necesaria para prestar el servicio. La multa por infringir esta orden asciende a 100,000 euros y hasta 40,000 para los choferes.
En Nueva Delhi, India, la aplicación fue prohibida después de que una mujer de 25 años fuera supuestamente violada por el conductor del coche que había solicitado a través de la aplicación móvil. Se considera que Uber falló a la hora de realizar comprobaciones básicas de seguridad como verificar los antecedentes del conductor, quien ya había sido acusado y procesado por el mismo delito.
También en el estado de Nevada, Estados Unidos, se ha prohibido su operación porque los reguladores de transportes del estado consideran que carecen de licencia para llevar pasajeros.
Esta misma semana la ciudad de Portland, Oregón, Estados Unidos, también ha demandado a Uber alegando que viola las regulaciones de la ciudad y solicitó a la Corte una orden judicial para forzar a la empresa a cesar sus operaciones, apenas unos días después de que el servicio fue lanzado.
Uber sostiene que el mundo ha evolucionado y que las leyes deben cambiar. Tal vez tenga razón, pero mientras eso no suceda, la empresa fomenta que sus chóferes operen en la ilegalidad.
Tal vez ellos también deberían modificar su modelo de negocio.
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