Ante un tribunal constitucional, una empresa aseguradora peruana presentó un amparo en contra de la oficina de gobierno encargada de tutelar los derechos de los consumidores por vulnerar su derecho a la buena reputación al haber hecho pública una sanción impuesta a la aseguradora por infringir los derechos de un consumidor.

La aseguradora Pacífico Peruano Suiza fue sancionada por la Comisión de Protección al Consumidor, que depende del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, al haber negado de manera injustificada a un consumidor un seguro de salud que cubriera enfermedades preexistentes, en oposición a la ley que dispone que las enfermedades preexistentes deben ser cubiertas.

Resultado del proceso llevado en contra de la aseguradora se falló en contra de la misma lo que dio pie a que en su página web el INDECOPI publicara la noticia con el siguiente título: “INDECOPI sancionó a empresa Pacífico Peruano Suiza porque no cubrió enfermedades preexistentes”.

La empresa considera que esta publicación vulnera su derecho a la buena reputación porque la sanción impuesta es producto de una resolución de primera instancia que está en proceso de apelación por lo que está pendiente una resolución en la que se dictamine si efectivamente se vulneraron los derechos del consumidor o no por parte de la aseguradora.

En Perú, el derecho a la buena reputación de las empresas, personas morales, forma parte de una jurisprudencia del Tribunal Constitucional y sobre la misma se establece que “las personas jurídicas de derecho privado también son titulares del derecho a la buena reputación y, por tanto, pueden promover su protección a través del proceso de amparo”.

Será el juez constitucional quien defina si en este caso prevalece el derecho a la buena reputación de la empresa frente a la disposición establecida en el segundo párrafo del artículo 123 del Código de Protección y Defensa del Consumidor: “Los procedimientos seguidos ante el INDECOPI tienen carácter público. En esa medida, el secretario técnico y la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI se encuentran facultados para disponer la difusión de información vinculada a los mismos, siempre que lo consideren pertinente en atención a los intereses de los consumidores afectados y no constituya violación de secretos comerciales o industriales”.

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