Este jueves se presentó en el Parlamento británico una iniciativa de emergencia para apuntalar la ley de vigilancia de telecomunicaciones en cuanto a la obligación de las empresas de telefonía e Internet de almacenar ciertos datos de sus usuarios por razones de seguridad nacional.
De acuerdo con la exposición de motivos que hizo el primer ministro, David Cameron, la urgencia de esta ley se debe a que son varias las empresas, particularmente las que no están domiciliadas en la Gran Bretaña, las que han señalado que ya no almacenarán estos datos, por lo que la ley debe ser suficientemente precisa sobre esta obligación.
“A veces en el mundo peligroso en que vivimos necesitamos que nuestros servicios de seguridad escuchen el teléfono de alguien y lean sus emails para identificar y desbaratar planes terroristas. Como primer ministro conozco algunos ejemplos en los que haber hecho esto detuvo ataques terroristas”, declaró David Cameron.
Con la iniciativa estuvieron de acuerdo los partidos de oposición que aprovecharon para ganar terreno en algunas demandas que habían estado haciendo como el establecimiento de ciertos controles.
La ley propuesta contempla la creación de un consejo de libertades civiles y de privacidad con facultades para inspeccionar a los servicios de seguridad y actuar como un organismo de vigilancia independiente.
Asimismo se establece la obligación del gobierno de entregar un reporte anual indicando el monto total de datos interceptados.
De aprobarse esta nueva ley, las empresas quedarán obligadas a almacenar la información por doce meses. Además, se reduce el número de organismos de gobierno con acceso a esta información y se limita el tipo de información a la que puede tener acceso el estado.
Se nombrará a un funcionario diplomático encargado de negociar con los Estados Unidos sobre cooperación en transferencia de datos, incluyendo la posibilidad de acelerar el proceso de entrega bajo los acuerdos de asistencia legal mutua vigentes.
Los diferentes grupos parlamentarios han acordado también que esta legislación tendrá vigencia hasta el otoño de 2016, cuando el Parlamento legisle sobre el tema según el proceso legislativo regular.
Este jueves se presentó un panorama general de la iniciativa, que pasó a segunda lectura para el próximo lunes.
Más información The Guardian
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