El ministerio público de Paraguay solicitó esta semana al juez que revisa la causa del “caso Perlita”, que se continúe bajo la figura del proceso abreviado toda vez que la imputada, Perla Paredes Acosta, reconoció haber estado cobrando varios sueldos de manera indebida.
Perla Paredes es la hija de una diputada y su caso salió a la luz pública después de que la Corte Suprema de Paraguay concluyera que el acceso a la información pública es un derecho humano y en este sentido se solicitara información sobre la situación laboral de la hija de la diputada.
Tras la acusación, el abogado de esta mujer presentó un incidente de nulidad argumentando que la misma no tenía fundamento legal pues la ley permite a los empleados públicos “de blanco”, es decir, del sector salud, tener doble remuneración. Sin embargo la solicitud no prosperó.
Perla Paredes fue señalada de haber cobrado mensualmente en el Hospital Distrital de Lambaré, el Poder Judicial, el Instituto de Previsión Social, la Cámara de Diputados y la presa Itaipú Binacional, 33, 096,136 guaraníes, equivalentes a $7,821 dólares.
Después de que se realizó una investigación en los registros de asistencia de estas entidades se comprobó que pese a que Perla Paredes cobraba los salarios, no había prestado sus servicios en los horarios señalados. Por tal motivo la Unidad Especializada Contra Delitos Económicos y Anticorrupción de Paraguay la acusó el pasado mes de mayo de los delitos de cobro indebido de honorarios, producción indebida de certificados sobre méritos y servicios, uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso en calidad de autora y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso en calidad de instigadora.
Durante la audiencia preliminar celebrada este jueves en el Juzgado Penal de Garantías, la acusada aceptó su culpabilidad en la comisión de estos delitos por lo que el ministerio público, con fundamento el artículo 420 del Código Procesal Penal de Paraguay pidió al juez que el proceso sea abreviado lo que facultaría al juez a dictar sentencia sin verificarse las demás etapas del procedimiento.
Cabe señalar que el procedimiento abreviado procede cuando la pena máxima del delito sea inferior a cinco años o sea una sanción no privativa de libertad, el imputado admita el hecho que se le atribuye y consienta la aplicación de este procedimiento, y el abogado defensor acredite, con su firma, que el imputado ha prestado su consentimiento libremente.
En este caso, la sanción que se está solicitando es que Perla Paredes regrese al estado paraguayo el dinero cobrado indebidamente, monto que asciende a más de 400 millones de guaraníes, más de $21,000 dólares.
Se trata de un caso que por implicar indirectamente a una diputada, ha generado mucha expectativa en Paraguay.
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