Este martes, la Corte Europea de Derechos Humanos emitió una decisión definitiva respecto de la ley de Francia de 2010 que prohíbe llevar el rostro cubierto en lugares públicos y que por tanto sanciona a las mujeres musulmanas que utilizan el burka y el niqab por razones religiosas.

Quien llevó al estado francés ante la Corte fue identificada como S.A.S y se trata de una mujer de nacionalidad francesa, nacida en 1990 y que practica la religión musulmana. En su petición hizo saber que usa el burka y el niqab por voluntad propia y que ni su esposo ni sus familiares la obligan a llevarlo. Cabe señalar que ambos velos cubren el cuerpo de la cabeza a los pies y que el burka lleva una malla sobre el rostro mientras que el niqab sólo deja una rendija para los ojos.

S.A.S. basó su petición en la violación de los Artículos 8, sobre el respeto a la vida privada, 9 sobre la libertad de pensamiento, conciencia y religión, y el 14 sobre la no discriminación en relación con los Artículos 8 y 9 todos de la Convención Europea de Derechos Humanos.

Pese a que la Corte coincidió en que la ley francesa interfería con su derecho a una vida privada pues la apariencia personal es una opción individual, concluyó que el objetivo de la ley de proteger los derechos de los demás, particularmente el de convivir juntos, es legítimo y por tanto la ley no vulnera la Convención Europea de Derechos Humanos.

En defensa de la ley Francia había argumentado que la misma obedecía a razones de seguridad pública y de protección a los derechos de los demás. La Corte encontró que no se sostenía el objetivo de seguridad pública pues tal prohibición no es necesaria en una sociedad democrática y el estado no demostró que el que las mujeres cubrieran sus rostros en público por motivos religiosos fuera proporcional al objetivo de resguardar la seguridad pública por no aplicarse en un contexto donde hubiera una amenaza general a la seguridad pública.

Respecto del objetivo de proteger los derechos de los demás, el estado francés argumentó que con la ley se pretende el respeto mínimo de una serie de valores en una sociedad democrática y abierta que son el respeto a la igualdad de género, el respeto a la dignidad humana y el respeto a un mínimo de requisitos para vivir en sociedad, referido a la convivencia.

De los tres objetivos, la Corte encontró que el único objetivo que la ley de 2010 asegura es el de convivencia pues el uso de un velo islámico es una barrera entre quien lo porta y la sociedad por lo que el ocultar el rostro en público socava la noción de convivencia pues el rostro juega un papel significativo en la interacción social. Así, el que una persona lleve el rostro cubierto en sitios públicos vulnera el derecho de los demás de vivir en un espacio de socialización que hace la vida en conjunto más fácil.

Pese a que la Corte reconoció que durante la discusión de la referida ley francesa de 2010 se presentaron argumentos discriminatorios hacia los musulmanes que pudieron haber contribuido a la perpetuación de estereotipos, concluyó que el objetivo de proteger el derecho a convivir era proporcional en relación con el número de mujeres que optaban por cubrir completamente sus rostros.

Además notó que aunque la prohibición sólo afecta a las mujeres musulmanas, la ley no prohíbe que se utilice ningún otro símbolo religioso siempre que no tenga la finalidad de ocultar el rostro por lo que la prohibición no tiene connotaciones religiosas sino exclusivamente en el hecho de que se cubre el rostro. Adicionalmente concluyó que las sanciones impuestas son las más bajas pues la multa máxima es de €150 y/o la obligación de acudir a un curso sobre ciudadanía.

Por lo anterior, la prohibición vigente en Francia de llevar el rostro cubierto en lugares públicos se encontró proporcional y no violatoria de la Convención Europea de los Derechos Humanos, lo que significa que la ley se mantiene y que las mujeres musulmanas en Francia podrán llevar indumentaria religiosa siempre que sus rostros queden al descubierto. Sin duda, una decisión que organizaciones a favor de los derechos humanos no esperaban de la Corte.

Esta es una decisión definitiva tomada directamente por la Gran Cámara o el pleno de la Corte puesto que la Sala que recibió el caso cedió su jurisdicción en mayo de 2013.

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