Ayer entró en vigor en Brasil la Ley 12.965/14 conocida como Marco Civil de Internet, que establece las nuevas reglas para el uso de la red en ese país, incluyendo derechos y obligaciones de los usuarios y proveedores de Internet.

Para los usuarios, uno de los principales beneficios es que incluye la neutralidad de la red, por lo que todos los datos en la red deben transmitirse de la misma manera, sin distinción en cuanto al contenido, el origen y destino, servicio, terminal o aplicación.

Por lo que sólo se podrá reducir la velocidad de conexión por razones técnicas para la correcta ejecución de los servicios, de acuerdo con la normativa aplicable, pero no podrá reducirse para impedir el uso de los productos de las empresas competidoras.

Otro derecho de los usuarios está relacionado con la privacidad, ya que los proveedores de Internet están obligados a respetar la inviolabilidad de las comunicaciones de los usuarios, y la información y registro de la actividad de las personas sólo pueden ser vendida si el usuario lo autoriza expresamente.

Asimismo, las empresas extranjeras de Internet que ofrecen servicios en Brasil deberán obedecer las normas de la legislación brasileña, aun cuando no estén instaladas en el país.

Sobre este tema, llama la atención la disposición que estipula que las redes sociales solo podrán retirar imágenes o videos, presuntamente protegidos por derechos de autor cuando exista una orden judicial, a excepción de casos en que aparezcan desnudos o actos sexuales de carácter privado.

En este sentido, el proveedor no será responsable del contenido ofensivo publicado por los usuarios del servicio, siempre y cuando de cumplimiento a la orden judicial específica sobre algún contenido. El objetivo de esta medida es garantizar la libertad de expresión de los usuarios e impedir la censura.

El Marco Civil también determina que los registros de conexión de los usuarios sean guardados por los proveedores durante un año y con total seguridad.

La ley también garantiza la no suspensión de la conexión a Internet, salvo en el caso de deudas, así como el mantenimiento de la calidad contratada.

Esta Ley se venía discutiendo desde el 2011 en Brasil, pero fue impulsada por la presidente de Brasil Dilma Rousseff cuando Edward Snowden denunció que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA)  de Estados Unidos había intervenido las comunicaciones de Rousseff, Petrobras y miles de ciudadanos brasileños.

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