El pasado fin de semana la organización Anonymous publicó 38 documentos que supuestamente evidencian que el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (CESICAT) monitorea en Twitter a distintos activistas sociales.

 

El CESICAT es un organismo que depende de la Generalidad de Cataluña, España, que se dedica a la seguridad en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación.

 

La agrupación publicó estos documentos en distintos sitios para que pudieran ser descargados, pero el CESICAT ha promovido acciones para que los mismos sean eliminados. Al intentar visualizar los documentos en Dropbox aparece un aviso en el que se señala que con base en la Digital Millennium Copyright Act (DMCA) el documento fue eliminado por violar derechos de autor.

 

En el servicio de Mega los documentos también fueron eliminados, aunque en este caso no se publicó ningún aviso específico.

 

Los documentos reflejan los  tweets relacionados con distintas movilizaciones como el plantón en la sede de La Caixa, universidades, el primer aniversario del 15-M, el Primero de Mayo o la campaña No vull pagar, de desobediencia civil respecto al pago de peaje en las autopistas.

 

También se identifica los usuarios que utilizaron por primara vez determinado hashtag, realizando además una clasificación de los usuarios con más influencia en la red social.

 

Cuando la información fue publicada en un principio el CESICAT señaló que los documentos no provenían del organismo, después se habló de un supuesto hackeo. Finalmente el centro señaló que no realizaría ninguna declaración oficial ya que se trataba de información que se difundía desde el anonimato.

 

En declaraciones para Catalunya Plural, el abogado Carlos Sánchez Almeida, especializado en la materia, aseguraba que no se puede hablar de espionaje ya que se trata de información pública, pero que al destinarse recursos públicos para elaborar perfiles ideológicos de las personas, podría tratarse de una violación a la ley de protección de datos.

 

El caso es que para que los documentos no estuviesen disponibles la autoridad de Cataluña hizo uso del sistema previsto para prevenir las violaciones a derechos de autor.

 

 

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