La semana pasada la Corte Suprema de California, Estados Unidos, escuchó los argumentos en torno del caso presentado por Sergio García, un mexicano de 36 años a quien por razones de residencia le negaron su licencia para ejercer como abogado.

 

Sergio García llegó a los Estados Unidos por primera vez a los 17 meses de edad. Regresó a México a los 9 años para reingresar ilegalmente a los Estados Unidos a los 17 años.

 

Sergio García concluyó sus estudios de preparatoria en el estado de California e ingresó a la escuela de Derecho de la Universidad Cal Northern en Chico. Al concluir sus estudios universitarios presentó su examen a la Barra de Abogados de California y lo aprobó en el primer intento, algo que es muy difícil de conseguir.

 

La Barra de Abogados, órgano que regula la profesión y recomienda a la Corte a los aspirantes a su ejercicio, no encontró obstáculos en cuanto a la calidad moral de Sergio García y envió su solicitud a la Corte para su aceptación como abogado practicante del estado de California.

 

Sin embargo la Corte Suprema del estado negó la licencia a Sergio García por tratarse de un inmigrante ilegal.

 

Sergio García ha argumentado que su padre, trabajador agrario, obtuvo su residencia legal en 1994 y que él aplicó para obtenerla en 1995, año desde el cual está esperando una respuesta de las autoridades migratorias.

 

El caso de Sergio es apoyado por la Barra de Abogados, por la legislatura estatal y por la fiscal general del estado, Kamala D. Harris quien no está presentando oposición al caso. Sin embargo durante la audiencia ningún ministro de la Corte dejó ver la posibilidad de votar a favor de Sergio García, pese a que todos ellos simpatizan con su caso.

 

Los ministros expusieron que al existir una ley federal que prohíbe que se habilite como abogados practicantes a inmigrantes ilegales, el poder judicial se encuentra atado de manos en este caso sin más remedio que aplicar la ley.

 

Varios de ellos manifestaron que corresponde al Congreso corregir la ley vigente o incluso al Congreso de California emitir una ley que regule el tema, por lo que no se trata de un asunto de jurisdicción de la Corte.

 

Frente a estos argumentos el abogado de Sergio García dijo que la federación no tiene injerencia en materia de profesiones en los estados por lo que la última palabra correspondería a la Corte Suprema de California, a lo que los ministros respondieron que si bien la federación no tiene facultad en California en materia de profesiones, sí la tiene en materia migratoria.

 

Sergio García, quien también ejerce como conferencista, sabe que puede ser deportado en cualquier momento, pero mantiene la esperan

za de poder practicar la profesión en California, aunque tenga que llevar su caso ante el Congreso o la misma Corte Suprema de los Estados Unidos.

 

La Corte Suprema de California no ha emitido un fallo en este caso y se espera que lo haga en un plazo máximo de 90 días.

 

 

Más información LA Times

 

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