El procurador antiterrorismo de Perú, Julio Galindo, anunció este lunes que la agrupación terrorista Sendero Luminoso debe al estado peruano unos $1,321 millones de dólares por concepto de reparación civil.
Se trata de una cantidad que fue estimada por el Ministerio de Economía y Finanzas y por la Contraloría General de la República de Perú por el daño causado al estado entre las décadas de los años ochenta y noventa.
La cantidad estimada de responsabilidad es tres veces mayor a la que deben pagar los exfuncionarios del gobierno de Alberto Fujimori que fueron condenados por corrupción y se calculó sobre el daño que sufrió la infraestructura pública del país durante los años de operación de la agrupación terrorista.
El procurador antiterrorismo anunció que se usarán las acciones legales que sean necesarias para hacer efectivo el pago de la reparación civil que es debida de forma solidaria por los líderes de Sendero Luminoso que se encuentran en prisión, como Abimael Guzmán, quien está purgando sentencia de cadena perpetua.
Para cobrar esta cantidad, el procurador agregó que están buscando todas las propiedades que tienen los líderes del movimiento, lo cual ha representado labor de investigación pues no tenían registradas propiedades por actuar en la clandestinidad.
Para estos efectos, la procuraduría ya embargó tres propiedades en Lima, capital de Perú, a Elena Iparraguire, número dos del movimiento y esposa de Abimael Guzmán, con valor de casi un millón de dólares, además de otros embargos realizados a otros dos integrantes del comité central de Sendero Luminoso y del embargo anunciado en julio pasado a una propiedad de Guzmán, cuya ubicación y características no fueron precisadas.
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