Un reciente estudio encontró que una controvertida ley en materia de salud mental que está vigente desde 2002 en el estado de Nueva York, no solo es benéfica para los pacientes, familiares y comunidad en general, sino que también ha significado ahorro presupuestario.
La ley en cuestión es conocida como la Ley Kendra que obliga a pacientes con enfermedades mentales que no están hospitalizados a tomar sus medicamentos y asistir a terapias, además de imponer visitas semanales para comprobar su estado de salud.
La ley tomó el nombre por el caso de Kendra Webdale, una mujer que en 1999 fue empujada a las vías del metro de la ciudad de Nueva York por un hombre que padecía esquizofrenia no medicada.
Así, esta ley implica una orden judicial por la cual trabajadores sociales visitan a los pacientes sobre bases semanales además de trasladar a los pacientes a los hospitales para que reciban terapia y su dosis de medicamento.
La ley fue concebida de esta manera para evitar la espiral descendente en que suelen caer estos pacientes que al ser dados de alta de un hospital deciden no tomar sus medicamentos lo que los lleva a un comportamiento errático que pone en peligro su integridad física y la de otros, que lleva a su arresto, a una nueva hospitalización para estabilizarlos y a una alta que la mayoría de las veces vuelve a implicar la suspensión del tratamiento médico.
El programa de la Ley Kendra ha sido cuestionado por algunas organizaciones de derechos civiles que argumentan que se violan los derechos del paciente no hospitalizado al obligarlos a tomar sus medicamentos y asistir a terapias. Se trata de un punto de vista con el que parcialmente coinciden especialistas en derecho y salud mental que sostienen que el tratamiento no debería ser impuesto por las cortes judiciales sino que el paciente debería ser involucrado en su tratamiento en etapas tempranas de la enfermedad a fin de que lo acepte voluntariamente.
La Ley Kendra no establece sanciones para quienes fallen al cumplimiento de la orden judicial, salvo la capacidad de las autoridades de hacer una evaluación médica para ordenar una posible hospitalización.
Otros estados tienen programas parecidos, pero de acuerdo con el estudio el más exitoso es el del estado de Nueva York que ha sido muy cuidadoso en la aplicación de los $32 millones de dólares anuales presupuestados para la atención de los 2,000 o 2,500 pacientes que cuentan con orden judicial para recibir este programa. Se trata de dinero que en el largo plazo ha ahorrado dinero al sector salud al evitar la hospitalización de varios de estos pacientes.
El éxito del programa no se basa solo en la orden judicial sino que implica la asignación puntual de los recursos a fin de que los trabajadores sociales y médicos puedan seguir cercanamente a estos pacientes con lo que se trata de asegurar un mayor equilibrio en su salud mental lo que implica menos riesgos para ellos y para quienes los rodean además de que son arrestados con menor frecuencia.
La Ley Kendra, pese a tener detractores, ha sido según testimonio de varias familias, la ayuda que necesitaban para que sus hijos, padres o hermanos con alguna enfermedad mental puedan llevar una vida tranquila lo más cercana a una vida ordinaria.
Más información NY Times
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