En una decisión dividida, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos estableció que extraer y analizar muestras de ADN de una persona arrestada, igual que la toma de huellas dactilares y fotografías, es un procedimiento legítimo que no viola la Cuarta Enmienda.
Veintiocho de los cincuenta estados que conforman la Unión Americana y el gobierno federal toman muestras de ADN después de un arresto ya que consideran que se trata de una herramienta valiosa para investigar crímenes sin resolver.
En el caso que revisó la Corte, Alonzo Jay King Jr. fue detenido en el condado de Wicomico, en Maryland, Estados Unidos, por amenazar a un grupo de personas con una pistola. Su ADN obtenido en el arresto lo vinculó con evidencia de un caso de violación y fue acusado y condenado por ese delito.
Jay King impugnó la sentencia y la Corte de Apelaciones de Maryland estableció que una ley que autoriza a las autoridades obtener ADN de las personas que son arrestadas pero no convictas viola la Cuarta Enmienda que prohíbe las búsquedas sin causa justificada.
En los 50 estados se permite recolectar ADN de aquellas personas responsables de delitos graves, pero sólo cuando éstas ya han sido condenadas.
La Cuarta Enmienda establece “El derecho de los habitantes de que sus personas, domicilios, papeles y efectos se hallen a salvo de pesquisas y aprehensiones arbitrarias, será inviolable, y no se expedirán al efecto mandamientos que no se apoyen en un motivo verosímil, estén corroborados mediante juramento o protesta y describan con particularidad el lugar que deba ser registrado y las personas o cosas que han de ser detenidas o embargadas.”
Los cinco ministros que votaron a favor de esta decisión consideran que tomar muestras de ADN a las personas arrestadas no puede considerarse una revisión arbitraria, en términos de la Cuarta Enmienda, “dada la necesidad de los agentes del orden de procesar e identificar de una manera segura y precisa a las personas y bienes que toman en custodia”.
Asimismo, la mayoría considera que este tipo de identificación no es diferente al de relacionar el rostro de un detenido con un aviso de se busca de un sospechoso no identificado previamente, o vincular los tatuajes de su cuerpo con los miembros de una conocida pandilla para revelar una afiliación criminal previa, o unas huellas dactilares con aquellas obtenidas en una escena del crimen.
Pero en el voto de la minoría que incluye a la ministro Sonia Sotomayor, se destaca que establecer la identidad del detenido no es el asunto ya que los oficiales ya contaban con el nombre, raza, peso, fecha de nacimiento y dirección, además de que en cualquier caso la ley autoriza el uso de estas pruebas cuando se trata de personas desaparecidas o restos humanos, no de detenidos.
Algunos consideran que con esta decisión se abre la puerta para que se tomen muestras de ADN en caso de ofensas menores o al tramitar una licencia o al registrar un nacimiento o inscribir a los hijos en la escuela.
Las pruebas de ADN han condenado a otras personas en Estados Unidos, aun cuando esta prueba fue ofrecida para deslindarle de responsabilidades, como el caso de un delincuente que solicitó la prueba para liberarse de una de cuatro acusaciones de violación, pero esa prueba sirvió para vincularlo con la violación de una menor.
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