Recientes declaraciones indican que Zimbabwe preparará un referéndum para finales de marzo o principios de abril a fin de que la población apruebe o rechace la iniciativa de una nueva Constitución que se ha discutido durante los cinco últimos años.
La Constitución actual de Zimbabwe fue promulgada tras la independencia del Reino Unido en 1980 y ha sido modificada 19 veces. En el año 2000 hubo un intento por derogarla y promulgar una nueva Constitución, pero la iniciativa fue detenida en las urnas.
En esa iniciativa de Constitución, el partido Zanu PF del presidente Robert Mugabe, quien asumió la jefatura del ejecutivo desde 1981, pretendía ampliar los poderes del presidente para que, entre otras cosas, pudiera expropiar las propiedades de la población blanca sin pagar indemnización. A esta nueva Constitución se opuso el actual primer ministro Morgan Tsvangirai y su partido Movimiento Democrático para el Cambio, MDC por sus siglas en inglés.
La nueva Constitución prevé la creación de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, la cual debido a la oposición del Zanu PF, solo iniciará funciones hasta diez años después de aprobada la Constitución, en un intento por proteger a muchos de sus militantes que participaron durante los difíciles años de Zimbabwe tras su independencia.
Asimismo, el documento prevé que los presidentes puedan permanecer un máximo de 10 años en el ejercicio del cargo, una disposición que, sin embargo, no afectará al presidente Mugabe de 88 años de edad. También prevé la eliminación de la inmunidad presidencial.
El presidente Mugabe hizo saber el año pasado al Tribunal Superior que era su deseo que las nuevas elecciones se verificaran este mes de marzo, sin embargo no habrá elecciones antes de haberse aprobado la nueva Constitución pues contiene importantes disposiciones que deben incorporarse en la Ley Electoral antes de la celebración de cualquier proceso electoral.
La fecha en que se verificarán las elecciones tendrá que ser dispuesta por el presidente Mugabe y el primer ministro Tsvangirai con fundamento en el Acuerdo Político Global de 2009 que dio paso al actual gobierno conjunto.
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