El próximo jueves, un comité en el Senado de los Estados Unidos revisará una iniciativa para modificar la Ley de Privacidad de las Comunicaciones Electrónicas de 1986 a fin de que se obligue a la policía a obtener una orden de registro para revisar correos electrónicos sin importar si estos son recientes o tienen más de 180 días de antigüedad.
La Ley de Privacidad de las Comunicaciones Electrónicas regula la forma en que el gobierno federal puede monitorear las comunicaciones digitales.
Se trata de un tema que ha desatado mucha controversia entre los jueces y los legisladores que no han podido ponerse de acuerdo sobre si la privacidad de las personas implica sus comunicaciones electrónicas, no solo correos, sino también mensajes de texto y otra información contenida en los teléfonos celulares, como localización, llamadas, etcétera, o si esa información debe considerarse de dominio público.
Por ejemplo, en Rhode Island un juez desechó la evidencia obtenida de un teléfono celular contra un hombre por el homicidio de un niño de seis años, bajo el argumento de que la policía necesitaba orden de registro antes de revisar los mensajes del teléfono. Pero en Washington una corte comparó los mensajes de texto con mensajes de voz que pueden ser escuchados por cualquiera dentro de una habitación y, por lo tanto, no quedan protegidos por las leyes de privacidad del estado. Y en Luisiana una corte federal está evaluando si la información contenida en un teléfono es propiedad privada y como tal sujeta a las leyes de privacidad, o es parte de los archivos de las compañías que proveen el servicio y como tal no quedan sujetas a las leyes de privacidad.
Los jueces también han diferido al establecer cuando debe requerirse una orden de registro y cuando no y así, por ejemplo, una corte en Ohio determinó que la policía siempre necesita la orden de registro porque un teléfono no es equivalente a un pedazo de papel en poder del detenido que puede revisarse libremente por la policía, ya que el teléfono contiene información privada. Sin embargo, en California se determinó que el teléfono puede revisarse siempre que haya estado en posesión del detenido al momento de la detención. Dos criterios opuestos
Incluso la información sobre la localización del individuo en un momento dado ha generado fallos contrarios. En Delaware, Maryland y Oklahoma se requiere orden para solicitar la información de geolocalización de una persona a las empresas que prestan el servicio de telefonía celular. Pero en California, una ley que hacía esta especificación fue veteada por el gobernador porque a su juicio no establecía balance entre la operatividad policíaca y las expectativas individuales de privacidad.
La Corte Suprema no se ha manifestado aún sobre este asunto en particular, aunque este año emitió una decisión que establece que la policía necesita obtener una orden antes de instalar algún aparato de geolocalización en la propiedad privada de una persona en medio de una investigación.
Existen organizaciones de derechos civiles que están cabildeando antes los congresos locales y el federal el que las leyes de privacidad protejan las comunicaciones y datos contenidos en los teléfonos celulares, contrario a la posición de las fiscalías que están argumentando ante los tribunales que esa información forma parte de los archivos corporativos de las empresas proveedores del servicio de telefonía y que, por tanto, no pueden ser protegidas por leyes de privacidad individual.
Más información NY Times
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