El 9 de agosto de 2011, el gobierno de Chile presentó al Congreso el Proyecto de Ley que Establece y Regula el Acuerdo de Vida en Pareja, el cual no establece el matrimonio entre personas del mismo sexo sino una forma jurídica de protección a personas que por diferentes razones han establecido una convivencia.
El proyecto de ley define el Acuerdo de Vida en Pareja como un contrato que pueden celebrar dos personas, del mismo o distinto sexo, con el propósito de regular los efectos jurídicos derivados de su vida afectiva en común y que no altera el estado civil de los contratantes.
Por medio de este acuerdo se formará entre los contratantes una comunidad de bienes respecto de todos los bienes muebles adquiridos a título oneroso no sujetos a registro que hubiesen adquirido durante la vigencia del acuerdo.
Fundamentalmente se protegen los derechos patrimoniales de los contratantes, aunque los beneficios legales se extienden a otros campos como el de salud en donde los contratantes pueden nombrarse beneficiarios de los seguros públicos y privados de seguridad social, o en materia laboral en donde el supérstite tiene derecho a cobrar el último sueldo del trabajador que fallezca.
Se trata de un proyecto que, sin embargo, no ha sido aprobado por el Congreso por las opiniones divididas que ha generado al comparársele con la aceptación del matrimonio entre personas del mismo sexo, pese a que la ley es mucho más incluyente que las uniones homosexuales.
A este respecto se ha declarado que el gobierno no descarta hacer uso de “las urgencias”, facultad presidencial para presentar urgencia en el conocimiento de un proyecto en uno o en todos sus trámites legislativos y que puede realizarse a través de un mensaje u oficio dirigido a la Cámara legislativa en que se localice la iniciativa.
de acuerdo con la web del Congreso de Chile, las urgencias son diversas y fijan diferentes plazos y así varía de una simple urgencia, que establece 30 días para la discusión y votación del proyecto; de suma urgencia, que establece este plazo en 15 días; y la discusión inmediata que otorga un plazo de 6 días para que luego el proyecto pase a discusión general y particular en un solo momento.
De acuerdo con Cecilia Pérez, vocera del gobierno chileno, el proyecto es emblemático del gobierno actual de Sebastián Piñera y es la respuesta a los más de 2 millones de parejas que actualmente conviven de hecho, otorgando un reconocimiento patrimonial pero también de dignidad y justicia.
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