El ministerio de justicia de Nueva Zelanda propuso recortar 68 cargos administrativos en tribunales judiciales de todas las regiones a fin de lograr un ahorro de 50 millones de dólares neozelandeses en 10 años, equivalentes a 40 millones de dólares estadounidenses.
De acuerdo con el ministerio, el recorte obedece no solo al ahorro que se genera sino a la modernización de los servicios y al hecho de que en los pasados cuatro años ha decrecido en 25 por ciento el número de casos penales y es menor la cantidad de gente que acude a las cortes.
Se trata de un recorte, sin embargo, que ha encontrado serias críticas entre los académicos como el profesor Mark Henaghan, decano de la facultad de derecho de la Universidad de Otago, quien explica que el ahorro que se generará será infinitesimal comparado con la pérdida de conocimiento institucional.
De acuerdo con este académico varios abogados han manifestado su renuencia a este recorte porque es muy importante para los litigantes tener acceso a funcionarios que puedan darles información y los pormenores de lo que está sucediendo en el juzgado y agrega que generalmente el enfoque en el poder judicial es hacia los jueces y abogados, pero que son los administrativos los que hacen funcionar a las cortes.
El profesor Henaghan declara que no está en contra de hacer más eficiente el sistema judicial, pero considera que esta medida es equivocada. “Esta es definitivamente una de esas situaciones en que el público no sabrá lo que se ha perdido sino hasta que esté en la posición de lidiar con el sistema judicial”.
La propuesta del ministerio de justicia incluye eliminar puestos y redistribuir esas funciones en otros funcionarios lo que muchos temen puede redundar en una mayor carga de trabajo a la que existe actualmente.
Los usuarios de las cortes necesitan un trato personal, es el llamado que se hace al ministerio para que se evalúe nuevamente el proyecto de modernización del poder judicial.
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