El lunes de esta semana entró en vigor en Japón un nuevo sistema de regulación para residentes de mediano y largo plazo por el cual se emitirán nuevas credenciales de residencia.

 

Se trata de un nuevo sistema que amplía el tiempo de residencia de 3 a 5 años y que elimina la necesidad de obtener permisos de reingreso a residentes cuando dejen el país por un año.

 

Se trata de nuevas credenciales que combinan la información del extranjero residente obtenida a través de la Ley de Control de Inmigración y de la Ley de Registro de extranjeros y que incluye no solo el nombre, nacionalidad, edad y sexo, sino también el lugar de residencia en Japón, la fecha de ingreso al país, el período del permiso de residencia, la expiración del mismo, la existencia o ausencia de un permiso de trabajo y la existencia de un permiso para involucrarse en alguna actividad diferente a las permitidas a los residentes extranjeros.

 

La nueva disposición establece que el extranjero residente deberá portar esta nueva tarjeta en todo momento, salvo los menores de 16 años quienes si bien deben tramitarla, no deberán portarla todo el tiempo.

 

Con este nuevo sistema se amplían también los plazos máximos de estancia en el país, de 3 a 5 años de residencia temporal y de 2 años 3 meses a 4 años 3 meses a los estudiantes universitarios.

 

Japón concede 27 tipos de visas diferentes que se dividen en tres grupos principales que son visa de trabajo, visa de no trabajo, y visa de familiar. Solo los que obtuvieron permiso de residencia de mediano y largo plazo deberán tramitar esta nueva credencial de manera que se excluye a quienes tienen permiso de tres meses, permiso diplomático u oficial, permiso de visita temporal y para los residentes especiales determinados en la ley como los descendientes de coreanos.

 

La ley que da origen a este nuevo sistema establece también las razones por las cuales se podrá revocar el permiso de residente y proceder con la deportación. Las causas que se señalan incluyen el haber proporcionado información falsa, no haber registrado en 90 día después del internamiento al país el lugar de residencia o no haber notificado el cambio oportunamente, alterar o falsificar la credencial o haber sido condenado por no haber cumplido con las disposiciones en materia de residencia.

 

 

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