El 31 de marzo se filtraron a la red imágenes de “The Twilight Saga: Breaking Dawn” parte 1 y 2. Summit Entertainment, productora del filme y la autora de la saga, Stephenie Meyer, iniciaron una investigación a nivel internacional para localizar al hacker que presuntamente violó sus servidores y publicó las imágenes.

 

Según esas investigaciones, la responsable es Daiana Santía de Posadas, con residencia en la provincia de Misiones, Argentina.

 

Marcelo Armanini, el abogado de Daiana Santía, declaró que su cliente recibió la visita de empresas de seguridad informática vinculadas con la productora, Kroll, Inc., de forma “casi extorsiva, con graves imputaciones. Cuando finalmente se reunieron con ellos, hace dos meses, exigían con amenazas la entrega de cuestiones personales, como la entrega del disco duro de su computadora.”

 

Daiana Santía sostiene que ella realizó una búsqueda en la red, hasta que finalmente encontró las imágenes, pero que ni las guardó, ni las difundió, e inclusive, que en este momento sería incapaz de volverlo hacer, porque no tienen  los conocimientos necesarios, y que todo fue resultado de la casualidad

 

El abogado Armanini, sostiene, que en caso de existir una conducta ilegal, la jurisdicción que debe prevalecer es la argentina, y que “mientras ella no sea llamada por un tribunal y ejerza su derechos de defensa y se obtenga a través de un debido proceso una sentencia, no puede promoverse en Internet una condena anticipada como lo ha hecho la productora. La actitud de la productora ha sido totalmente intimidatoria, llegando al extremo de pasar una copia por debajo de la puerta, de una supuesta demanda en Estados Unidos, cuando esa notificación no tiene  efecto alguno".

 

Summit alega que todos sus acercamientos con Daiana fueron de buena fé, para asegurarse que ella ya no posee las imágenes y los videos, pero que al negarse a cooperar, decidieron emprender acciones legales en su contra. La productora afirma que ella “confesó” en la presencia de sus abogados que había tenido acceso a los servidores y correos electrónicos de la compañía y que existe evidencia irrefutable de que de la dirección IP de la familia Santía se realizaron los accesos no autorizados. 

El asunto puede escalar a demandas en Estados Unidos y contrademandas en Argentina por difamación y acoso, pero lo primero que se deberá aclarar es la jurisdicción aplicable en este asunto, por lo que seguiremos viendo este caso en los titulares.

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