Una Corte de Apelaciones ordenó el martes pasado la anulación de los dos procesos que se seguían en contra del depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, por corrupción.
Las acusaciones fueron interpuestas por la Fiscalía contra la Corrupción porque siendo presidente emitió dos decretos de emergencia para hacer uso de $3,013,000 dólares presupuestados en la Casa Presidencial y el Fondo Hondureño de Previsión Social, para utilizarlo en gastos de publicidad.
La defensa de Zelaya, quien se encuentra exiliado de Honduras, solicitó la nulidad de las acusaciones, pero el juez de primera instancia negó el recurso bajo el argumento de que se no se había solicitado en el momento procesal oportuno que era durante la primera audiencia.
La corte de apelaciones escuchó de la defensa de Manuel Zelaya que no se había solicitado la nulidad en esa primera audiencia porque la misma se celebró sin la presencia del acusado y que se estaba violando su garantía de debido proceso y el derecho del imputado y de su defensor de presentar elementos de prueba en cualquier etapa del proceso.
Al resolver la Corte de Apelaciones por la nulidad de ambas acusaciones no se podrá comprobar legalmente si el ex presidente cometió dichos actos de corrupción catalogados como delitos de falsificación de documentos públicos, en perjuicio de la fe pública y fraude en perjuicio de la administración pública, por lo que queda libre para regresar al país sin ninguna acusación en su contra.
Este fallo es coincidente con las peticiones que había realizado el actual presidente del país, Porfirio Lobo, y algunos países que condicionan el regreso de Hondura a la Organización de Estados Americanos, OEA, al retiro de las acusaciones en contra de Zelaya.
Manuel Zelaya fue depuesto en junio de 2009 tras desatarse una crisis jurídica y política en el país a raíz de su insistencia de someter a consulta popular la posibilidad de su reelección.
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