El Consejo General del Poder Judicial de España aprobó por mayoría un proyecto de ley a través del cual restringe y endurece la posibilidad de que los casos de los ciudadanos lleguen hasta el Tribunal Supremo.
En el proyecto se modifica uno de los tres requisitos que establece la ley para que un ciudadano pueda acudir a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Actualmente la cuantía mínima del asunto debe ser de 150,000 euros. El proyecto sube esa cuantía a 800,000 euros.
También se suprimiría la posibilidad de impugnar la decisión de un juicio verbal en primera instancia, cuya cuantía sea inferior a 6,000 euros, por lo que esa decisión sería firme.
La llamada Ley de Agilización de la Justicia también transformaría el concepto de justicia gratuita, ya que en materia civil se establecería el pago de una tasa para que el juez revise el asunto.
Los Consejeros opositores señalan: "Lo que está en juego son las garantías ciudadanas. Aquí se pretende agilizar la justicia, pero no incrementando los medios y recursos de que dispone, sino recortando derechos que hasta ahora tenían los litigantes".
Ahora el asunto deberá ser presentado ante los diputados.
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