El pasado jueves 30 de septiembre Ecuador vivió momentos de tensión debido a protestas de policías en contra del veto presidencial a la llamada Ley de Servicio Público.
Es importante señalar que el veto en Ecuador no es solo una manifestación unilateral del presidente en contra de la iniciativa que se le presenta o de alguna de sus disposiciones, sino que queda facultado constitucionalmente a presentar un texto alternativo a los artículos vetados. Este veto regresa a la Asamblea, en donde se vota a favor o en contra.
En el caso de la Ley de Servicio Público, el presidente Correa emitió un veto parcial por el cual suprimió ciertos privilegios a los policías, como bonos y condecoraciones, y asimiló a los policías como servidores públicos, sin el estatus especial que le da la Constitución. Mediante este veto parcial también se suprimieron otras prestaciones laborales a todos los servidores públicos, como la eliminación del amparo a los trabajadores al servicio del estado o la compra de renuncias, que serán obligatorias, y cuyas indemnizaciones serán pagadas mediante bonos del estado.
Previó a la movilización policíaca, diferentes organizaciones sindicales anunciaron que no solo procederían con movilizaciones en contra de la ley, sino también con demandas de inconstitucionalidad por afectar derechos laborales que de acuerdo con la Constitución son irrenunciables.
Pasada la emergencia, es probable que continúen las protestas en Ecuador por este veto presidencial aunque se espera que sean pacíficas y apegadas a derecho.
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