Durante la insurrección policíaca del pasado 30 de septiembre en Ecuador, el gobierno de Rafael Correa declaró el estado de excepción en el país.

 

El artículo 166 de la Constitución de 2008 de Ecuador faculta al presidente a imponer el estado de excepción “en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural”.

 

De acuerdo con el artículo 167 constitucional, durante el estado de excepción el presidente solo podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, y libertad de información, en los términos que señala la Constitución.

 

Declarado el estado de excepción, la Presidenta o Presidente de la República podrá:

 

1. Decretar la recaudación anticipada de tributos.

 

2. Utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a salud y educación.

 

3. Trasladar la sede del gobierno a cualquier lugar del territorio nacional.

 

4. Disponer censura previa en la información de los medios de comunicación social con estricta relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad del Estado.

 

5. Establecer como zona de seguridad todo o parte del territorio nacional.

 

6. Disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y llamar a servicio activo a toda la reserva o a una parte de ella, así como al personal de otras instituciones.

 

7. Disponer el cierre o la habilitación de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.

 

8. Disponer la movilización y las requisiciones que sean necesarias, y decretar la desmovilización nacional, cuando se restablezca la normalidad.

 

En este caso el decreto del estado de excepción en Ecuador estará vigente por cinco días a partir del 30 de septiembre.

 

Al mismo tiempo en que se decretaba el estado de excepción, en un oficio emitido por el gobierno, se ordenó a las radiodifusoras y televisoras privadas a asimilar sus señales a la señal estatal por lo que tuvieron que dejar de transmitir de manera independiente.

 

El gobierno fundamentó tal decisión en la Ley de Radiodifusión y Televisión y en se estableció que de no cumplir con la disposición se sancionaría con todo el rigor de la ley.

 

Pese a haber acatado la disposición, las empresas privadas de radio y televisión manifestaron su desacuerdo con la medida puesto que el decreto de estado de excepción emitido no suprimía ningún derecho constitucional y señalaron que la Ley de Radiodifusión y televisión solo obliga a asimilar la señal con los mensajes y cadenas del presidente, pero no al noticiero estatal, por lo que consideran que con esta disposición se violó el derecho a la información de los ecuatorianos al ofrecérseles solo una versión de los hechos.

 

Es probable que los medios de comunicación manifiesten su inconformidad al respecto a través de los medios legales a su disposición.

 

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