Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia, sigue siendo parte de las noticias a dos semanas de haber dejado el poder en su país tras 8 años de mandato y no nada más por haber sido nombrado como miembro del equipo de investigación del incidente de la flotilla de Gaza, sino por las demandas que van y vienen.
Antes de dejar la presidencia, Uribe denunció a un magistrado de la Corte Suprema por prevaricación frente a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia. Fundamentó su acción en la falta de competencia del magistrado en la investigación de su hijo, Tomás Uribe, en el caso de venta de patentes de notarios, asunto que está siendo investigado por la Fiscalía General. Ante la misma comisión de la Cámara de Representantes hay una denuncia de Uribe contra otro magistrado por injurias y calumnias.
Esta misma semana el ex presidente interpuso una nueva denuncia por el delito de calumnia agravada ante la Fiscalía General de Colombia, en contra de un ex senador, Rodrigo Lara, por un mensaje que éste último escribió en Twitter en donde le pregunta sobre la muerte de dos personas que podrían haber testificado contra el ex presidente. En su denuncia Álvaro Uribe Vélez explica que el mensaje de 140 caracteres es una acusación implícita de homicidio y por ello solicita que se considere agravado el delito.
Pero la actividad judicial para Uribe no solo es de él hacia los demás, sino que también tendrá que responder ante la justicia por acusaciones que se le hacen.
Así, una investigación en su contra llegó hasta la Corte Penal Internacional, CPI, interpuesta por una organización llamada Polo Democrático, por injuria y calumnia a una comunidad campesina a quien Uribe acusó hace ocho años de auxiliar a las FARC, cuando la comunidad de desplazados se había manifestado neutral en el conflicto armado. En la investigación señalan que a partir de dichas afirmaciones, más de 150 integrantes de esa comunidad de San José Apartadó, incluyendo niños, habían resultado asesinados a manos de grupos paramilitares, en algunos casos con la complicidad del ejército.
La denuncia llega hasta La Haya tras haberse agotado los cauces legales posibles en Colombia después de que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes cerrara el caso sin haber encontrado responsables del delito.
Posiblemente tanta actividad judicial se trate de parte del “oficio” de ser presidente puesto que si bien el ex presidente creó numerosas enemistades, también es cierto que una gran mayoría de colombianos se siente profundamente agradecida con su gestión y de ahí las numerosas muestras de afecto que le mostraron previo a la cesión del poder al actual mandatario Juan Manuel Santos.
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