Como se tenía previsto desde la semana pasada en que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se dirigiera a la nación sobre un tema de gran importancia que les la inmigración, el Departamento de Justicia de ese país anunció una demanda contra el gobierno de Arizona por la controvertida Ley SB 1070 por la cual se faculta a los oficiales de policía a detener a toda persona sospechosa de ser inmigrante ilegal y solicitar su documentación.
La Ley de Arizona, que según la gobernadora Jan Brewer tiene la finalidad de restringir la inmigración ilegal, ha sido señalada como una legislación que abre la puerta a una mayor discriminación de inmigrantes, particularmente latinos, en el territorio de ese estado.
Según ha trascendido, la demanda del gobierno federal en contra de la ley de Arizona se basará en la violación al principio de “preemption” o preeminencia de leyes, según la cual las leyes estatales se encuentran supeditadas a la legislación federal en una materia que la Constitución señala como exclusiva de la federación.
De esta manera, si bien la Constitución de los Estados Unidos no menciona expresamente que la materia de inmigración es federal, se otorga como facultad al Congreso la de establecer una ley uniforme de naturalización y en materia de comercio exterior.
Así, cuando la legislación en materia de inmigración comenzó en 1882, fue la Suprema Corte la que encontró las bases legales para declarar que dicha materia era federal por estar implícita en las facultades del Congreso en materia de naturalización, comercio exterior o como un aspecto inherente a la soberanía de la nación.
Actualmente una de las leyes más importantes que existen en la materia es la de Inmigración y Nacionalidad, Inmigration and Naturalization Act, INA, que fue promulgada en 1952 y que ha sufrido varias reformas. Esta ley unifica la materia de inmigración y naturalización para todo el país y se trata de un verdadero laberinto de disposiciones a decir de los expertos en la materia.
Aunado a la INA existen otras leyes federales que han limitado las cuotas de entrada de personas de diferentes países, particularmente una disposición de 1976 que limitaba la cuota de entrada de latinoamericanos y que establece disposiciones que limitan la posibilidad de adquirir una visa de inmigrante por el hecho de tener un hijo nacido en el territorio estadounidense.
La INA es la ley que especifica las causas de deportación de extranjeros y el procedimiento mediante el cual se efectúa, y ha sido la Suprema Corte la que sentenciado las garantías que aplican en estos casos, como la de debido proceso.
Con estos antecedentes tenemos un poco más claro el panorama de los términos de la demanda federal contra la ley del estado de Arizona, la cual no se plantea que se fácil ni rápida ya que podría llegar, en un proceso de apelaciones, hasta la Suprema Corte de Justicia, órgano que tendría en este caso la última palabra sobre la jurisdicción estatal o federal para reglamentar tan delicada materia.
Está previsto que la ley SB 1070 entre en vigor el próximo 29 de julio.
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