El lunes de esta semana, la Suprema Corte de los Estados Unidos determinó que ni los estados ni las ciudades tienen la capacidad de restringir el derecho de los ciudadanos de tener y portar armas, pues se trata de un derecho constitucional.

 

Hace dos años la Suprema Corte determinó que el derecho de portar armas queda protegido por la Segunda Enmienda constitucional y que en ese sentido las prohibiciones federales no podían restringir este derecho. El fallo se dio en torno del caso en que se recurrió una prohibición para portar armas, establecida en Washington D.C, que al ser la capital es ciudad federal, con estatus jurídico especial.

 

 

Tras esa decisión, un grupo de activistas a favor de la portación de armas y la Asociación Nacional del Rifle, introdujeron una demanda para que en Chicago y uno de sus suburbios Oak Park, en el estado de Illinois, donde las armas están prohibidas desde hace 30 años, se levantaran esas prohibiciones.

 

El cerrado fallo de la Corte, 5 votos a favor, 4 en contra, que hoy se emite resuelve esa demanda instruyendo a la Corte de Apelaciones que revise su fallo y que tome en cuenta que ni los estados ni las ciudades pueden restringir el derecho de tenencia y portación de armas al ser un derecho protegido por la Constitución.

 

Si bien este fallo no ordena directamente que se levante la prohibición en Illinois, abre la puerta para que en otros estados de la Unión Americana se reviertan las prohibiciones que existen en la materia y no se limite el derecho de los ciudadanos.

 

Este es un fallo que de manera directa afecta a nuestro país pues ya se ha demostrado que un gran número de armas que se utiliza por el crimen organizado en México proviene de los Estados Unidos, particularmente del estado de Arizona donde las leyes en materia de portación de armas son muy permisivas.

 

En este asunto el gobierno federal de los Estados Unidos se encuentra incapacitado de actuar por carecer de jurisdicción para regular aspectos internos del estado, y con este fallo se cierra aún más la posibilidad de llegar a una disposición legislativa que al regular más estrechamente el derecho de tenencia de armas, proteja el tráfico ilegal de las mismas hacia nuestro país.

 

Así que quizá sea momento de que el gobierno federal mexicano sepa que en el tema no hay acuerdos que valgan y que su deber es establecer controles más estrictos para evitar que estas armas ingresen a nuestro territorio.

 

Fuente The New York Times

 

 

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