Habitación de hotel

 

Tribunal confirma legalidad de autoridades sanitarias de ordenar confinamiento de estudiantes en viaje de fin de cursos

En junio pasado se generó una polémica en España cuando la directora general de Salud Pública de Palma de Mallorca, Maria Antònia Font, ordenó cuarentena de diez días a 174 jóvenes que habían viajado a ese destino turístico para festejar el fin de cursos y que, conforme con las directivas de salud, fueron considerados contactos estrechos de positivos de Covid-19.

La definición de contacto estrecho se ha ido ampliando a medida que los epidemiólogos conocen más de la enfermedad, pero en términos generales el Ministerio de Sanidad de España lo ha definido como aquella persona que ha estado con un positivo desde 48 horas antes de que inicie los síntomas, o desde 48 horas antes de la realización de la prueba diagnóstica en caso de que sea asintomático.

Los jóvenes fueron ingresados en el hotel designado por las autoridades sanitarias de Palma para contactos estrechos y para quienes dieran positivo a la prueba con síntomas leves.

La madre de un estudiante denunció el confinamiento y sobre este se pronunció la juez de lo contencioso número 3 de Palma que ordenó anular el encierro de estos estudiantes, que habían dado negativo en la prueba PCR o se habían negado a someterse a ella. La decisión judicial permitió que muchos de los jóvenes regresaran a sus lugares de origen antes de haber cumplido 10 días de confinamiento lo que resultó en un macrobrote: 2,000 casos positivos y 6,000 personas en cuarentena repartidas por 12 comunidades autónomas.

La decisión de la juez fue revisada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares que falló, de forma unánime, que la decisión de las autoridades sanitarias fue correcta con fundamento en las disposiciones vigentes en ese momento y, especialmente, en el informe técnico epidemiológico disponible emitido por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES). Este informe del 24 de junio, establecía que todas las personas que habían participado o que estaban en los viajes de fin de curso a Mallorca debían ser considerados contactos estrechos y, como tal, ser confinados 10 días.

Si bien los cinco magistrados que de forma unánime llegaron a la conclusión de la legalidad de la orden del confinamiento reconocieron que la juez, como ellos, carecen de conocimientos epidemiológicos, en el momento en que se dictó la anulación de la orden “ya no es que existiesen simples indicios de riesgo de contagio para el grupo de personas considerado sino que los hechos posteriores al informe del CCAES evidenciaban que el riesgo no era ni presuntivo ni indeterminado. El riesgo era real y estaba acreditado”.

La decisión tomada por el Tribunal Superior no tiene efectos prácticos porque ya no hay ningún joven en confinamiento, pero es importante para avalar la legalidad de la decisión tomada por la Dirección General de Salud Pública de Palma y, en específico, de su directora, quien fue denunciada por varios padres de familia del delito de detención ilegal. Este es un proceso que sigue en curso.

El caso de los estudiantes de Palma, con pancartas en las que acusaban al gobierno de haberlos secuestrado, dio la vuelta al mundo y dio pie a varias opiniones sobre la forma en que se está educando, una de ellas la permisividad y falta de aceptación de responsabilidad personal porque los padres, en tiempos de pandemia y con elevados índices de contagio, permitieron a sus hijos viajar sabiendo que en esa edad la sana distancia es imposible.

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