La Suprema Corte de los Estados Unidos se negó a considerar dos casos de restricción de armas de fuego patrocinados por la Asociación Nacional del Rifle (ANR) en contra de dos legislaciones del estado de California que imponen restricciones a la compra de armas, al considerar que son constitucionales.
La ANR, una poderosa asociación que se opone al control de armas de fuego en Estados Unidos, argumentaba que la ley de California que establece 10 días de espera para aquellos que quieran comprar armas, violaba el derecho de los ciudadanos a disponer de un arma de fuego en un corto periodo de tiempo, contemplado en la Segunda Enmienda de la Constitución norteamericana.
Dicha enmienda establece que “Siendo necesaria una Milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas, no será infringido”.
Sin embargo, el máximo tribunal ha establecido que el derecho a portar armas es un derecho individual que tienen todos los estadounidenses, pero que ese derecho no es ilimitado y que no prohíbe la regulación de la producción y compra de armas de fuego o de dispositivos similares. La Segunda Enmienda establece que ni el gobierno federal de los Estados Unidos ni los gobiernos estatales y locales pueden infringir el derecho a portar armas.
Así, los jueces del máximo tribunal consideraron que la legislación de California no viola la Constitución y, por ello, rechazaron evaluar el caso.
También desestimaron otro recurso interpuesto por la ANR en contra de una disposición de California que permite al estado utilizar las cuotas que pagan los propietarios de armas para financiar la lucha contra el mercado negro de armamento.
El tribunal supremo se ha mantenido al margen del debate sobre el control de armas y la última vez que se posicionó sobre el tema fue en 2010, cuando estableció que el derecho de los ciudadanos a portar armas se encuentra por encima de cualquier regulación estatal y local que prohíba la compra o portación de armas. Sin embargo, los jueces nunca han definido el concepto como “control” y reconocen que "algunas limitaciones del derecho [a poseer armas] podrían sobrevivir a las exigencias legales".
Esto sucede mientras los estudiantes de la escuela secundaria Stoneman Douglas en la ciudad de Parkland, Florida, que sufrieron un tiroteo el 14 de febrero, pedían al presidente Donald Trump y al Congreso que hagan a un lado a la poderosa Asociación Nacional del Rifle e impongan mayores restricciones a las armas para evitar nuevas matanzas.
Mientras tato, a una hora de ahí, en Miami, este fin de semana se realiza la Florida Gun Show (espectáculo de armas de Florida), que se promocionan con frases como "Disfrutarán un enorme despliegue de armas de fuego, munición, cargadores, cuchillos y mucho más".
El autor confeso de la matanza, Nikolas Cruz, de 19 años, usó un fusil de asalto para perpetrar el crimen, que dejó 17 muertos y una quincena de heridos. The Associated Press informa que en 2016 Cruz había sido miembro del equipo de tiro con rifles de aire comprimido Junior Army Reserve Training Corps (JROTC) de la escuela, un pequeño grupo que se reunía después de clase para practicar tiro con rifles de aire y viajar a otras escuelas competir.
Ese programa fue apoyado por la National Rifle Association Foundation, el brazo benéfico de la NRA, como parte de una campaña nacional multimillonaria para promover los clubes de tiro juvenil.
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