La Corte de Apelaciones del 9º Circuito de los Estados Unidos ha dado por concluido un caso de casi diez años, estableciendo que los trabajadores sociales actuaron ilegalmente al haber separado a una familia por las fotografías que los padres hicieron de sus tres hijas durante la hora del baño, al considerar que era material de pornografía infantil.
El caso se remonta a 2008 cuando la Lisa y A.J. Demaree llevaron a sus tres hijas, entonces de 5 y 3 años y 18 meses, a unas vacaciones a San Diego, California. Como todos los padres, tomaron cientos de fotos de sus niñas, incluidas unas de ellas jugando en la bañera en las que, si bien se veían los torsos desnudos de las niñas y sus nalgas, no se tomaron imágenes de sus genitales.
A su regreso a Peoria, Arizona, llevaron el pendrive a un Walmart para la impresión de las fotos, pero el empleado de dicha tienda interpretó las fotografías del baño como pornográficas y dio aviso a las autoridades.
Un detective investigó a los Demaree, presionándolos sobre las imágenes y cuestionándoles si tenían la intención de distribuirlas. Como parte de la investigación, la casa familiar fue cateada, se incautaron teléfonos celulares, computadoras y documentos, y las niñas fueron llevadas para ser examinadas médica y psicológicamente para determinar si había habido abuso sexual.
Pese a que el detective no encontró motivos suficientes para continuar con el caso, los dos trabajadores de bienestar infantil opinaron lo contrario y concluyeron que el caso ameritaba la expedición de una orden de emergencia de custodia temporal y las niñas fueron llevadas lejos de sus padres durante un mes, primero a hogares temporales y después a casa de los abuelos. La decisión se tomó sin que mediara orden judicial y con la sola firma del superior jerárquico.
Después de revisar documentos y entrevistar a cientos de amigos y conocidos de la familia, la investigación concluyó que no se había cometido ningún delito y las niñas regresaron a su hogar. Sin embargo, Lisa fue suspendida de su trabajo como maestra durante un año y el nombre de ambos fue incluido en el registro de delincuentes sexuales.
Lis y A.J. decidieron demandar al detective que condujo el caso, a Walmart, al fiscal general del estado, a la ciudad de Peoria, Arizona, y a los dos trabajadores sociales. El detective llegó a un acuerdo con la familia y durante el proceso de desechó el caso en contra de los otros demandados, excepto de los trabajadores sociales.
En primera instancia la demanda fue desechada porque el juez federal opinó que los trabajadores sociales, como empleados del estado de Arizona, gozaban de inmunidad, quedando protegidos de responsabilidad legal por el cumplimiento de sus funciones.
La Corte de Apelaciones del 9º Circuito, con domicilio en San Francisco, California, opinó que los funcionarios son responsables por haber excedido esas funciones.
"El riesgo identificado por los acusados no incluía las fotos de un niño desnudo en una situación de explotación y distribuirlas, porque no había ninguna acusación o indicación de que A.J. y Lisa habían distribuido, o era probable que distribuyeran a cualquier persona en el futuro imágenes de sus hijas desnudas ", concluyó el panel de tres jueces. "El riesgo identificado tampoco incluía fotos de un niño desnudo involucrado en una conducta sexual, porque no había alegaciones de que A.J. y Lisa alguna vez hubieran tomado, o era probable que tomaran, fotos de sus hijos participando en una conducta sexual".
"Y el riesgo no era que los Demaree vieran desnudas a sus propias hijas, de cinco, cuatro y un año y medio, incluidos sus genitales", añadieron los jueces, "ya que el cuidado de los niños de esas edades requiere hacer que así sea."
Por lo anterior, "los trabajadores sociales no tenían motivos razonables para creer que los niños corrían el riesgo de sufrir daños corporales graves o abuso sexual", se lee en la decisión de 47 páginas de la Corte de Apelaciones. "Por lo tanto, viendo la información más favorable para los Demaree, los acusados actuaron de manera inconstitucional al haber sacado a los tres niños de su hogar sin autorización judicial".
Porque la pornografía infantil es un asunto muy grave, casi con imputaciones semanales en los Estados Unidos por la explotación sexual de menores, como lo escribió un agente del FBI, las autoridades han tomado una aproximación de cero tolerancia. Esta política, sin embargo, es la que pone en riesgo a padres como los Demaree.
“La desventaja del aumento de la atención social a las cosas malas que pasan a los niños es un aumento en la tendencia a ver esas cosas malas en todas partes”, escribió sobre este caso Lisa Belkin, quien escribía para The New York Times sobre temas de paternidad.
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