Inundación en Livorno, septiembre 2017

Filippo Nogarin, alcalde la ciudad italiana de Livorno, en La Toscana, confirmó mediante un comunicado en su perfil de Facebook que está siendo investigado por el fallecimiento de ocho personas, lo que ocurrió durante las inundaciones del pasado mes de septiembre.

A mediados del año pasado, la ciudad localizada a orillas del Mediterráneo fue azotada por intensas lluvias que produjeron graves inundaciones. El que durante el verano se haya presentado una intensa sequía fue un factor importante que agravó la situación pues la tierra extremadamente seca no pudo absorber adecuadamente el agua.

Durante esta eventualidad fallecieron ocho personas, cuatro de ellas perteneciente a una misma familia de la que el abuelo logró salvar a uno de sus nietos, pero se ahogó cuando regresó para intentar salvar a otro.

“Es un momento muy difícil para mí, como alcalde y como hombre”, escribió Nogarin en su cuenta de la mencionada red social, explicando que como alcalde es responsable del organismo de protección civil y por ello la fiscalía pública regional lo ha estado interrogando.

“Es claro que, ante la muerte de ocho personas, los investigadores deben analizar cada detalle y examinar la conducta de cada uno de los actores involucrados”, escribió lo anterior refiriéndose a su desempeño como funcionario durante la inundación.

De esta forma, el alcalde explicó que este martes fue interrogado por la fiscalía, un interrogatorio que, sin embargo, no le ha sorprendido.

Durante la contingencia, el alcalde Nogarin cuestionó el que el gobierno hubiera subestimado el peligro de las tormentas, clasificando la alerta como código anaranjado y no como alerta roja.

“No esperábamos esto porque la alerta era anaranjada. Entonces nos despertamos a esto”, declaró el pasado mes de septiembre.

Los investigadores ahora tendrán que determinar si el alcalde, dentro de sus capacidades administrativas y con la información que poseía, hizo todo lo necesario para evitar la pérdida de vidas humanas durante la inundación. Se trata de un procedimiento que se sigue (o debería de seguirse) respecto de los funcionarios públicos cada vez que hay un evento de esta naturaleza en el que hay pérdidas humanas. Lo anterior independientemente de las responsabilidad administrativas y civiles que pudieran surgir.

De encontrarse responsable, la fiscalía presentaría cargos penales en su contra.

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