Protesta por Uber en España

En una decisión que no es vinculante ni definitiva, uno de los abogados generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el polaco Maciej Szpunar, ha concluido que Uber es una compañía de transportes y como tal puede ser obligada por los gobiernos de la Unión a disponer de las mismas licencias y autorizaciones para ejercer su actividad a las que se obliga a los taxistas.

Aunque esta opinión legal no pone punto final al caso, la opinión de los abogados generales es seguida en un 80 por ciento por los jueces del tribunal, así que existe una muy alta posibilidad de que resuelvan en el mismo sentido al emitir su sentencia.

"La prestación de transporte constituye el elemento principal desde un punto de vista económico, mientras que el servicio de puesta en contacto de pasajeros y conductores mediante la aplicación para teléfonos inteligentes es un elemento secundario”, dice el abogado general.

La opinión se emite en relación con la controversia interpuesta por la Asociación Profesional Élite Taxi, una organización profesional que agrupa a taxistas de la ciudad de Barcelona, España, en contra Uber Systems Spain, S.L., específicamente por el servicio Uber Pop. En este servicio, conductores particulares no profesionales llevan a cabo el transporte de pasajeros en sus propios vehículos. Ni Uber Spain ni los propietarios ni los conductores de los vehículos disponen de las licencias y autorizaciones establecidas en el Reglamento Metropolitano del Taxi de Barcelona.

Explica el abogado, "en efecto, Uber no se beneficia del principio de libre prestación de servicios que el Derecho de la Unión garantiza a los servicios de la sociedad de la información".

En su análisis, el Abogado General considera que el servicio controvertido es un servicio mixto, en los que una parte se presta por vía electrónica, y, por definición, la otra no. Para que un servicio mixto se incluya en el concepto de “servicio de la sociedad de la información” debe existir una independencia económica entre uno y otro; o el prestador facilita todo el servicio, es decir, tanto la parte del servicio prestada por vía electrónica como la que no se presta por esa vía, o ejerce una influencia decisiva sobre las condiciones en que se presta esta última parte, de modo que ambas forman un todo indisociable, siempre que el elemento principal se preste por vía electrónica.

Pero para Szpunar, Uber no se encuentra en ninguno de los dos supuestos: los conductores que de la plataforma Uber no ejercen una actividad propia que exista de manera independiente de dicha plataforma, al contrario, existe gracias a la plataforma.

El Abogado General también pone de manifiesto que Uber controla los factores económicamente relevantes del servicio de transporte: impone a los conductores requisitos previos para el acceso a la actividad y su desarrollo; les indica los lugares y los momentos en donde existe mayor demanda y pueden obtener tarifas ventajosas; ejerce un control indirecto sobre la calidad de las prestaciones de los conductores, recompensándoles económicamente o expulsándoles de la plataforma y determina de hecho el precio del servicio.

Todas estas características excluyen que Uber pueda ser considerado un mero intermediario entre conductores y pasajeros. Además, en la plataforma Uber, el transporte es, sin lugar a dudas, la prestación principal y la que le confiere su sentido económico.

Por todo ello, el servicio ofrecido por Uber no puede calificarse de “servicio de la sociedad de la información” que funge como intermediario, se trata más bien de la organización y gestión de un sistema completo de transporte urbano bajo petición.

El Abogado General también destaca que Uber no ofrece un servicio de vehículo compartido, ya que los pasajeros deciden el destino y a los conductores se les paga un importe que excede ampliamente del mero rembolso de los gastos ocasionados.

Ahora, los jueces del Tribunal de Justicia comenzarán sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará posiblemente a finales del verano de este año.

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