La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina por la que un acusado de crímenes de lesa humanidad obtuvo una reducción de sentencia, y que sienta un precedente para 750 detenidos que participaron en la represión de la dictadura militar en ese país, ha puesto en el banquillo de los acusados a los tres magistrados que votaron a favor de la sentencia.
Por lo pronto, los magistrados han sido denunciados penalmente por "prevaricato", un delito en el que sanciona a los jueces que dicten resoluciones contrarias a derecho, que lleva como pena la "inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos".
El denunciante, un abogado y exlegislador, afirma que la sentencia fue emitida con fines políticos línea con la política oficial del gobierno" y criticó que la administración de Macri "se ha caracterizado por ir diluyendo el empuje de toda la política de juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado" para acercarse "peligrosamente" a "justificar el genocidio perpetrado por las fuerzas armadas y sus cómplices civiles y tiene como estación final la amnistía, indulto o conmutación de penas de los condenados, es decir su impunidad".
Asimismo, en la Cámara de Diputados, el Partido Obrero presentó una solicitud de juicio político en contra de los magistrados por “mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, conforme a los previsto en el artículo 53 de la Constitución de Argentina.
Adicionalmente, se han presentado tres denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del estado argentino, solicitando como medida cautelar que se ordene la no aplicación de la sentencia.
Finalmente, la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) instó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a tener en cuenta "los estándares internacionales de derechos humanos" y a cumplir "los compromisos asumidos a nivel internacional".
"La aplicación de la ley más benigna debe ser interpretada a la luz de los estándares internacionales aplicables a los delitos de lesa humanidad. El Estado argentino, y la Corte Suprema como instancia del Estado, deben cumplir no sólo el derecho interno, sino también la normativa internacional aplicable y los compromisos asumidos a nivel internacional".
La Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, ratificada por Argentina en 1995 y que goza de jerarquía constitucional, y el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, establecen que "estos delitos son imprescriptibles", a la vez que "instauran el esquema jurídico para su juzgamiento y la reparación de las víctimas".
"Los crímenes de lesa humanidad agravian no sólo a las víctimas, sino a todos los seres humanos. Por ello, no pueden asimilarse a delitos comunes y su gravedad requiere de una sanción proporcional", concluye ACNUDH.
Hoy está convocada una marcha en contra de esta decisión, antesala de una nueva crisis política en Argentina.
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