Un tribunal de Roma, Italia, condenó el 17 de enero a cadena perpetua a ocho personas de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay acusados por la desaparición y muerte de más de 40 ciudadanos de origen italiano como parte del Plan Cóndor. Los exdictadores Luis García Meza (1980-81), de Bolivia, y Francisco Morales Bermúdez (1975-80), del Perú, se encuentran entre los condenados.
Sin embargo, los familiares de las víctimas se preparan para apelar esta sentencia ya que los jueces de la Tercera Corte de Roma absolvieron a otros 19 acusados (cinco chilenos, un peruano y 13 uruguayos) lo que causó gran decepción.
El vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, que estuvo presente cuando se dio a conocer la sentencia, dijo sentirse “defraudado”, agregando que coordinará con los familiares de las víctimas los pasos a seguir, incluyendo la apelación de la sentencia.
Aunque el texto de la sentencia será dado a conocer hasta abril, todo indica que las condenas recayeron sobre los responsables políticos, no en sus ejecutores, a lo que se suma que algunos de los delitos no estarían tipificados en el Código Penal italiano o habrían prescrito.
Para la Fiscalía italiana, la sentencia probó la existencia del Plan Cóndor durante la década de los 70 y 80, “como operación sistemática de eliminación de opositores políticos, gracias a un acuerdo entre varios países” y “las responsabilidades de los más altos cargos de las juntas militares”.
Entre los países que participaron en esta operación están Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, y esporádicamente Colombia, Perú, Venezuela y Ecuador. El objetivo central “era el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con apremios psico-físicos, traslados entre países y desaparición o muerte de personas consideradas por dichos regímenes como ‘subversivas' del orden instaurado o contrarias al pensamiento político o ideológico opuesto o no compatible con las dictaduras militares de la región".
Según consta en archivos desclasificados de la CIA, aparentemente Estados Unidos auspició y apoyó esta operación. Por ejemplo, facilitó que los jefes de los organismos de inteligencia en América del Sur involucrados en Cóndor "(se mantuvieran) en contacto a través de una instalación de EE. UU. en la Zona del Canal de Panamá que (cubría) toda América Latina ". Esta instalación era "empleada para coordinar información de inteligencia de los países del Cono Sur".
La existencia del Plan Cóndor, fue reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2006.
Los familiares de la víctimas uruguayas están recabando firmas en contra de la sentencia, y ya cuentan con el apoyo de más de 140 personalidades y organizaciones civiles vinculadas a los derechos humanos, la política, la cultura y la actividad sindical expresando "rechazo" y "repudio" hacia el fallo.
Sebastián Artigas, familiar de desaparecidos y uno de los promotores del documento en Uruguay, explicó que el texto busca generar "conciencia de la impunidad que todavía reina en Suramérica".
La petición señala que es "necesario terminar con la impunidad", por lo que repudian el fallo del Tribunal de Roma y exigen "el juicio y la debida condena a todos los represores, civiles y militares que actuaron en las dictaduras" de los países del Cono Sur, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
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