El día de ayer, la Suprema Corte del Reino Unido dio a conocer su veredicto sobre Brexit, concediendo la razón a quienes iniciaron la acción legal en el sentido de que el gobierno no tiene facultades para activar la salida del país de la Unión Europea, sino que se trata de un proceso legislativo que necesariamente debe pasar por el Parlamento, ratificando la decisión tomada por un tribunal de apelación.
En el caso fue promovido por Gina Miller, fundadora en Chelsea del fondo de inversión SCM Private, y por la peluquera Deir dos Santos, secundadas por la asociación de expatriados People’s Challenge, cuestionando que solo la primera ministra y su gabinete, sin intervención del Parlamento ni de las naciones descentralizadas que forman parte del Reino Unido - Irlanda del Norte y Escocia- tuvieran la facultad de establecer cuándo se hace la notificación de la salida y cómo se llevará a cabo el proceso, conforme al artículo 50 del Tratado de Lisboa.
El centro del debate fue que cuando se aprobó el ingreso del Reino Unido a la Unión Europea se hizo a través de la Ley de Comunidades Europeas de 1972, que fue aprobada por el Parlamento, y que otorgó ciertos derechos a los ciudadanos que ahora se verán afectados al salir de la Unión Europea.
Es por eso que se argumentó que para revertir esta Ley es necesario que la decisión pase por el Parlamento nuevamente. “Una legislación solo puede ser retirada por otra legislación”, explicaron.
En su defensa, el gobierno invocó la llamada “prerrogativa real”, de origen medieval y que concede poderes al ejecutivo al amparo de la Corona. Es una figura controvertida, que permite, por ejemplo, que muchos temas de asuntos exteriores no pasen por el Parlamento y los lleve en solitario el ejecutivo.
Sin embargo, la Bill of Rigths de 1689, la Carta de Derechos que fortaleció al Parlamento, prohíbe expresamente el uso de la prerrogativa real para suspender una ley.
“Por una mayoría de ocho frente a tres, la Suprema Corte hoy falla que el gobierno no puede activar el Artículo 50 sin una ley del Parlamento que lo autorice a hacerlo”, leyó este martes el veredicto Lord Neuberger, presidente del máximo tribunal británico.
“La salida da lugar a un cambio fundamental al terminar con la fuente del derecho de la Unión Europea, así como al cambio de derechos legales”, añadió el magistrado. “Los acuerdos constitucionales del Reino Unido requieren que esos cambios sean claramente autorizados por el Parlamento”.
Además, concluyeron que la salida de la Unión Europea eliminará de hecho algunos de los derechos internos para los residentes del Reino Unido, lo que hace impermisible que el gobierno active la salida de los tratados de la Unión sin contar con la autorización parlamentaria.
La Corte rechazó de forma unánime, sin embargo, los argumentos del que el Parlamentos escocés, la Asamblea galesa y la Asamblea de Irlanda del Norte tuvieran que votar antes de que se active el Artículo 50.
“Las relaciones con la Unión Europea son un asunto del gobierno del Reino Unido”, dijo Lord Neuberger.
Esta decisión, empero, poco cambia la salida del Reino Unido de la Unión Europea, puesto que si en algo han estado de acuerdo los parlamentarios es en el hecho de que la decisión se tomó por los ciudadanos en el referéndum de junio de 2016. De esta forma, no se opondrán a la iniciativa que sobre la salida presente el gobierno.
Lo que cambia es el procedimiento puesto que el gobierno tendrá que presentar una iniciativa para que se permita la notificación del Artículo 50 del Tratado de Lisboa a la Unión Europea para que sea votada en el Parlamento.
Por lo pronto el gobierno anunció que dicha iniciativa será presentada “en pocos días” a fin de que sea revisada y votada y pueda procederse conforme a los tiempos establecidos y la notificación de salida se realice a más tardar el próximo 31 de marzo.
Tras conocer el veredicto, Gina Miller dijo que Brexit es “uno de los temas más divisorios de una generación”, pero añadió que la victoria “no es política sino de proceso”.
“La Corte ha decidido que los derechos derivados de nuestra membresía a la Unión Europea fueron dados por el Parlamento y sólo pueden ser retirados por el Parlamento”, agregó Deir Tozetti Dos Santos sobre este tema.
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