Los cineastas holandeses acusan al gobierno de su país de tolerar e incluso impulsar las descargas ilegales durante años, por lo que demandan una compensación por las pérdidas que han sufrido durante los últimos diez años, que representa cientos de millones de euros.
Se calcula que un tercio de la población en Holanda realiza descargas ilegales y ve contenido en línea de forma regular, sin pagar por ello, lo que es entendible ya que no fue sino hasta el año pasado cuando se consideró esta actividad ilegal mediante un pronunciamiento del Tribunal Europeo de Justicia en contra de la postura tolerante de Holanda que optaba por cobrar un impuesto sobre las distintas herramientas para el almacenamiento, que entregaba a los titulares de derechos.
Como resultado, el gobierno holandés prohibió las descargas no autorizadas, pero el hábito en sus ciudadanos persiste. Por eso es que la organización de cineastas llamada SEKAM presentó una solicitud de compensación al Ministerio de Seguridad y Justicia a principios de este año. La petición fue denegada pero los cineastas tienen la intención de seguir adelante. Sostienen que sus demandas son legítimas.
El representante de SEKAM, Bas Le Poole, señala que a pesar de la nueva prohibición de las descargas ilegales, el panorama no ha cambiado mucho. La piratería sigue siendo rampante y no ha habido ningún enjuiciamiento por descargadores individuales.
Los críticos a menudo argumentan que la propia industria del cine puede hacer más para contrarrestar la piratería al asegurarse que su contenido esté ampliamente a disposición de los usuarios a un precio decente.
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