El día de ayer se presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa para expedir la Ley General del Nombre Propio y de los Apellidos Paterno y Materno, Simples o Compuestos, de las Personas Jurídicas Físicas.

 

La iniciativa pretende unificar la legislación aplicable a la designación del nombre y apellido de las personas, a fin de “llenar las lagunas jurídicas respecto a la normatividad que debe aplicarse a todos los habitantes de la República Mexicana”.

 

La iniciativa destaca que existen disposiciones dispersas y diversas sobre el nombre en nuestro país, que se encuentran en veintiséis Códigos Civiles de la República Mexicana, vigentes en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y el Distrito Federal; seis Códigos Familiares, vigentes en Hidalgo, Zacatecas, Morelos, Michoacán, San Luis Potosí y Sonora además del Código Civil Federal.

 

Según los legisladores que impulsan esta iniciativa no existe uniformidad en estas disposiciones sobre las características y de cuántas palabras debe constar el nombre propio comúnmente llamado de pila.

 

Asimismo, son pocas las legislaciones que procuran evitar que la designación del nombre se preste al ridículo, al escarnio, a la burla, a la confusión del sexo de la persona, como son los casos en los que se llama a una persona haciendo referencia al aniversario de la Independencia, de la Reforma política, social y religiosa, de la Revolución, artistas, personajes de historieta o caricatura, etcétera que en cualquier supuesto, denigrará a quien reciba ese nombre.

 

La iniciativa regula la designación del nombre, la composición de los apellidos, cambio de nombre y el uso indebido del mismo. 

La ley regula por ejemplo un tema que es tradición. El que cuando la mujer contrae matrimonio pueda agregar a “continuación de su primer apellido, el primero del cónyuge, precedido o no, de la partícula ‘de’". La elección constaría en el acta de matrimonio y consignarse por marginación en la partida de nacimiento. En caso de divorcio o de nulidad del matrimonio, se cancelaría la anotación marginal correspondiente.

El futuro de esta iniciativa es incierto ya que puede quedar en la congeladora porque la legislatura actual concluye el 30 de agosto, así que difícilmente se le dará seguimiento si no es impulsada por los nuevos legisladores.

 

 

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