El pasado mes de junio, ante una corte federal en California, siete campesinos camboyanos presentaron una demanda en contra cuatro empresas de alimentos del mar, dos tailandesas y dos estadounidenses, a las que acusan de tráfico ilegal de personas y esclavitud. La semana pasada las demandadas presentaron una moción para que el juez desechara la demanda argumentando falta de jurisdicción.
Los trabajadores camboyanos, cinco hombres y dos mujeres, relatan en su demanda que fueron reclutados con mentiras para trabajar en fábricas que empacan mariscos. Al habérseles ofrecido muy buenos salarios y prestaciones salariales, los trabajadores dicen haber vendido bienes, solicitado préstamos e incluso hipotecado propiedades para obtener los recursos que necesitaban para viajar a Tailandia donde se localizan las empresas empacadoras de mariscos.
En la demanda describen que las condiciones de trabajo distaban mucho de ser las ofrecidas y que en su lugar fueron forzados a trabajar seis o siete días a la semana en pésimas condiciones. Explican que el alojamiento consistía en un galerón de piso de concreto con un solo baño que debían compartir con 200 personas.
Adicionalmente, sus pasaportes y documentos de identificación les fueron confiscados y fueron retenidos al habérseles impuesto cuotas altas en contra el pago de sus salarios, lo que, según algunos de los reclamantes, los dejó en tal grado de pobreza que tenían que comer el pescado que encontraban en las playas.
Lo interesante de esta demanda es que se presenta en los Estados Unidos con fundamento en la Ley de Protección a Víctimas del Tráfico de ese país, la cual tiene como objetivo prevenir el tráfico de personas.
Las empresas demandadas son las tailandesas exportadoras de mariscos Phatthana Seafood y SS Frozen Food, y las empresas estadounidenses importadoras y distribuidoras de los productos Rubicon Resources LLC y Wales & Co Universe. Walmart es mencionada en la demanda como compradora de los productos de Phatthana. En la demanda se explica que todas las empresas están relacionadas en la cadena de producción.
La semana pasada estas empresas pidieron al juez que desechara la demanda argumentando que los eventos aludidos habían ocurrido fuera de los Estados Unidos por lo que no existía jurisdicción para resolver el caso. Sin embargo, la abogada Agnieszka Fryszman, representante de los trabajadores camboyanos, explicó que la Ley de Protección a Víctimas del Tráfico fue reformada en 2008 “para asegurar que cubre toda la cadena de producción, incluyendo a los que están hasta arriba, al hacer responsable a ‘cualquiera que se beneficie’ del tráfico”.
“La reforma de 2008 también adjudica jurisdicción extraterritorial, consistente con el Protocolo de Palermo sobre tráfico humano, porque los traficantes operan a través de las fronteras internacionales. La reforma de 2008 intencionalmente cubre este tipo de conducta”, explicó la abogada Fryszman del despacho Cohen, Milstein, Hausfeld & Toll, con domicilio en Washington D.C.
Si bien los siete campesinos camboyanos buscan ser indemnizados por las injusticias que padecieron, “el objetivo más amplio es hacer que las empresas sean más atentas y más cuidadosas sobre con quién hacen negocios”, puntualizó la abogada especialista en casos de tráfico humano.
Sobre esta demanda se pronunció Phil Robertson de Human Rights Watch quien dijo que muchas veces los comerciantes prefieren mirar a otro lado y no ver las violaciones a los derechos humanos que se cometen en la cadena de producción.
“La única forma en que el comportamiento de ‘atrápame si puedes’ se va terminar es si demandas como esta son exitosas, los consumidores se enojan y el gobierno de los Estados Unidos finalmente se pone fuerte e impide la importación de productos hechos con trabajos forzados”, dijo Robertson.
En vista de este antecedente y de todo lo que se ha estado revelando respecto de la industria de alimentos del mar en Asia, la próxima vez que compres camarones empacados, de preferencia que no sean de Tailandia.
Más información theguardian.com
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