Diversas organizaciones no gubernamentales como la Asociación de Usuarios de Internet ("AUI") y la Asociación de Internautas ("AI"), entre otras denunciaron al Reino de España ante la Comisión Europea por violar las directivas de la Unión Europea al reformar la Ley de Propiedad Intelectual, reformas que entraron en vigor en enero de este año.
El artículo que está siendo específicamente impugnado es el 32.2 que obliga a los sitios que publican noticias como Google o Yahoo a pagar una regalía a los medios impresos por enlazar a un contenido. Esta regalía es irrenunciable y debe realizarse a través de una sociedad gestora de derechos.
Los denunciantes dicen que la disposición ha sido introducida meramente por razones económicas, “con el fin de incrementar los ingresos de los editores de noticias españoles en tiempos de crisis para el sector, y el Reino de España no ha justificado en ningún momento que un mecanismo obligatorio de compensación equitativa resulte necesario para proteger los derechos de propiedad intelectual de los editores cuyo contenido es utilizado por los agregadores de noticias online”.
La demanda destaca que al impedir la disposición el correcto funcionamiento del mercado interno, debería haberse notificado por el Gobierno Español antes de su adopción, tal y como exige la Directiva 98/34.
Asimismo, afirman que la disposición es una restricción injustificada a la libertad fundamental de prestación de servicios, en contra del Artículo 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ("TFUE"), del principio general de proporcionalidad y de la Directiva sobre Derechos de Autor.
También destacan que la medida ha tenido “un impacto negativo muy sensible” sobre la competencia entre editores, perjudicando a los medios de menor tamaño “al dificultarles o impedirles beneficiarse de los agregadores para llegar a audiencias más amplias”.
Finalmente, los denunciantes subrayan que la medida viola el derecho a la información de los usuarios de Internet al impedirles el “acceso a una selección de noticias online tan amplia y diversa política y culturalmente cómo sea posible”.
“La Medida Legislativa Española menoscaba severamente este derecho y se posiciona en contra del objetivo comunitario de promover el acceso de los usuarios a contenido online plural y diverso culturalmente, así como en contra del desarrollo de un Mercado Digital Único (Digital Single Market) con una regulación de los derechos de autor acordes a la era digital” se concluye en la demanda.
La denuncia señala que la reforma ha tenido un efecto inmediato al producir la salida del mercado español “de varios agregadores de noticias, principalmente Google News, NiagaraRank y SystemAdmin”. Estos servicios cerraron sus versiones españolas al exigir que se hiciera el pago de una “compensación equitativa” por el contenido que enlazaban.
Además se destaca que esta norma lleva a España a ser "el primer país del mundo en el que el autor de un contenido no puede autorizar su libre uso”.
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