Balanza judicial

El viernes de la semana pasada la Corte Suprema de Canadá concluyó que las disposiciones que la ley federal contra el lavado de dinero establece respecto de la obligación de abogados, notarios y despachos legales de entregar información de sus clientes a las autoridades son inconstitucionales, dando fin así una controversia de 15 años llevada a tribunales por la Federación de Colegios de Abogados.

La ley recurrida por los abogados, Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act, fue promulgada en el año 2000 y en ella se dispone que los abogados, notarios y despachos tienen la obligación de identificar las fuentes del dinero de sus clientes, permitiendo además a las autoridades hacer cateos a los despachos legales sin necesidad de orden.

La ley prevé que en caso de incumplimiento los abogados sean sancionados con multas de hasta 500,000 dólares canadienses o hasta cinco años de prisión.

En 2001 la Federación de Colegios de Abogados de Canadá, que representa a las 14 entidades autónomas que regulan la profesión legal, presentó un recurso de inconstitucionalidad en contra de estas disposiciones argumentando que las mismas eran contrarias al privilegio cliente-abogado.

Desde la primera instancia se falló a favor de los abogados y se otorgaron medidas precautorias que evitaron todos estos años la aplicación de estas disposiciones hasta contar con la decisión final de la Suprema Corte.

En esta decisión la Suprema Corte de Justicia señala que las disposiciones recurridas son inconstitucionales por convertir a los abogados en agentes del estado y a los despachos en archivos para la policía y la fiscalía.

Los ministros señalaron que la federación cuenta con suficientes normas vigentes para garantizar que los abogados no son "incautos" de los blanqueadores de dinero o terroristas, incluyendo los reglamentos de la profesión legal que requiere que los abogados “no asistan sin saber o hagan la vista gorda al lavado de dinero o al financiamiento del terrorismo”.

La decisión fue redactada por el magistrado Thomas Cromwell quien explicó la importancia del privilegio cliente–abogado no solo como un derecho protegido constitucionalmente: “El deber de compromiso a la causa del cliente es tal que no sólo concierne a la justicia para los clientes individuales sino que se considera esencial para mantener la confianza pública en la administración de justicia. La confianza pública no solo depende en el hecho sino en una razonable percepción”.

La decisión fue muy bien recibida por el gremio de abogados canadienses y así lo manifestó Tom Conway, presidente la Federación de Colegios de Abogados, quien dijo que ahora los canadienses tendrán la confianza de que los abogados son libres de representar sus intereses sin interferencia del estado.

“Los abogados tienen el compromiso hacia sus clientes de salvaguardar su información confidencial”, dijo el abogado Conway señalando que la Corte había reconocido esa noción como un principio fundamental de justicia.

Más información Thestar.com

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