Coincidiendo con el Día Mundial contra la Trata de Personas, la Corte Suprema de Gran Bretaña resolvió que las personas cuyos derechos han sido violados en territorio británico tienen derecho a ser compensados pese a que su estancia en el país sea ilegal.
El caso sobre el que fallaron se refiere a una mujer originaria de Nigeria identificada como la señorita Hounga quien entró a la Gran Bretaña en 2007 a la edad de 14 años con una identificación falsa para trabajar con la familia Allen con doble nacionalidad, nigeriana y británica.
La señorita Hounga declaró que le habían prometido pagarle 50 libras esterlinas al mes y enviarla a la escuela a cambio de cuidar a los hijos de la familia Allen. Sin embargo no le pagaron el sueldo en 18 meses y en 2008 la señora Allen la despidió después de haberla amenazado en repetidas ocasiones que no podría reclamar nada ante la justicia británica debido a su situación migratoria ilegal.
El caso de esta joven fue tomado por la organización contra la trata y el tráfico de personas Anti-Slavery International quienes llevaron el caso ante el tribunal laboral el cual, pese a haber desechado varias reclamaciones, falló a favor de la señorita Hounga sobre bases de discriminación por raza y ordenó a la señora Allen a pagarle 6,187 libras esterlinas como compensación.
Sin embargo la corte de apelaciones revirtió esta sentencia y coincidió con la defensa de los Allen sobre la estancia ilegal de la empleada en territorio británico declarando que otorgar una compensación equivaldría a condonar la ilegalidad de su llegada a territorio británico.
Sin embargo la Corte Suprema de Justicia consideró que los Allen eran culpables, o estaban rayando en la culpabilidad, del tráfico de la señorita a Hounga de Nigeria a la Gran Bretaña y que la política de las autoridades era proteger a las víctimas de estos delitos y a combatir el tráfico de personas, en una decisión que está conforme al derecho internacional en la materia reconociendo que las personas deben ser compensadas independientemente de su situación migratoria.
Esta decisión abre la puerta para que otras personas que han sido víctimas del tráfico y de explotación puedan exigir en tribunales ser compensadas por los derechos que sus traficantes les han negado.
Más información Guardian
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