A partir del pasado viernes entró en vigor una nueva directiva de Derechos del Consumidor en la Unión Europea que pretende proteger los derechos de los consumidores en la era digital.
Estas disposiciones amplían de siete a catorce días el plazo que tienen los consumidores para devolver algún producto que haya adquirido a través de Internet o en algún local físico.
En el caso de que no se hubiera informado al consumidor de que puede ejercer este derecho, el plazo queda automáticamente ampliado en 12 meses más. La nueva norma, además, incorpora un formulario de desistimiento común en Europa que facilita el ejercicio de este derecho y que se tendrá que facilitar junto con la información previa al contrato.
También prohíbe el cargo de servicios extra cuando se adquieran boletos de avión a través de Internet o que se obligue al usuario a deseleccionar los servicios adicionales al momento de realizar su compra.
Para evitar los fraudes a través de Internet se prohíbe ofrecer servicios declarados como gratuitos y que al final resultan representar distintos cargos onerosos para los usuarios, por lo que se obliga a los comerciantes a desglosar de forma clara el costo de lo que ofrecen y a detallar el contenido de cualquier cargo extra que pueda haber.
En la contratación de bienes y servicios por teléfono las ofertas deben confirmarse por escrito o, salvo oposición expresa del consumidor, en un soporte duradero.
La oferta no será vinculante hasta que el consumidor haya firmado la oferta o enviado su acuerdo por escrito ya sea en papel, por fax, correo electrónico o por un mensaje de SMS.
Si el empresario no obtiene el consentimiento expreso del consumidor para un pago adicional al acordado y, en su lugar, lo deduce utilizando opciones por defecto, el usuario tendrá derecho al reembolso del pago.
En cuanto a los cargos adicionales que pueden derivarse de los contratos formalizados a distancia, el texto establece nuevas reglas. Por ejemplo, en el caso de que el empresario decida habilitar una línea telefónica para comunicarse con sus clientes en relación al contrato, el uso de esta línea no podrá suponer un costo superior al de la tarifa básica.
La nueva regulación tiene como objetivo principal reforzar la seguridad jurídica, tanto de los consumidores como de los proveedores en las transacciones a distancia.
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