El Congreso de Guatemala aprobó el día de ayer la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos, la cual fue presentada con carácter de urgencia nacional por lo que prácticamente no fue discutida.
Se trata de una ley que ha generado rechazo por parte de los municipios de Guatemala porque les quita la facultad de decidir la instalación de torres de telecomunicaciones y de fijar los derechos por ello y faculta a hacerlo en exclusiva a la Superintendencia de Telecomunicaciones, SIT.
De esta forma, la Asociación Nacional de Municipalidades, ANAM, considera que la nueva ley viola la autonomía municipal al fijar los derechos de instalación de antenas y a administrar territorios ediles, por lo que es probable que recurra la ley ante la Corte de Constitucionalidad.
La Ley también ha sido cuestionada por quienes consideran que privilegia los intereses de las grandes compañías de telecomunicaciones y limita a las pequeñas y emergentes que buscan competir en el mercado de transmisión de datos y servicios de cable.
La ley consta de 17 artículos y aunque en su largo título se lee Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad, sólo un artículo se refiere a las prisiones el cual obliga a las empresas que prestan el servicio de telefonía a no generar tráfico de telecomunicaciones móviles dentro de las cárceles.
De acuerdo con el diario guatemalteco Prensa Libre, “el objetivo principal de la normativa y a lo que se dedica casi el total del articulado es a normar la autorización y administración de las torres y equipos de transmisión de datos, así como los pasos de servidumbre en el territorio nacional de las transmisiones de telecomunicación en el país”.
La ley fue aprobada con el consenso del oficialismo y de los partidos de oposición y quienes la respaldaron señalaron que están de acuerdo con facultar a la SIT a todo lo referente a la instalación del equipo de telecomunicaciones porque se estandarizan procesos y el monto de los derechos a ser pagados.
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