Hélice de ADN

El panel de 11 jueces de la Corte del 9º Circuito de los Estados Unidos, con domicilio en San Francisco, California, decidió mantener la decisión de un juzgado por la que se determinó que la toma de muestras de ADN por la policía californiana de toda persona que es detenida es legal, pese a que la persona no sea imputada formalmente posteriormente.

El caso fue llevado ante los tribunales por la organización de derechos humanos American Civil Liberties Union, ACLU, que argumentaba que la conservación en una base de datos del ADN de las personas detenidas y no acusadas de haber cometido algún delito era inconstitucional.

La Corte de Apelaciones recibió el caso pero lo tuvo en espera mientras la Suprema Corte de los Estados Unidos tomaba una decisión sobre un caso parecido pero en el estado de Maryland. En ese caso la Corte Suprema decidió que la toma de muestras de ADN de los detenidos es completamente constitucional pues equivale a tomar las huellas digitales de la persona y su fotografía como medio de identificación.

ACLU, sin embargo, opina que el caso de Maryland es diferente al de California pues en Maryland la información es destruida y no se conserva en la base de datos si la persona detenida no es imputada, mientras que en California la información pasa a formar parte de la base de datos sobre criminales, salvo que la persona solicite expresamente que la información sea destruida.

De acuerdo con ACLU, cada año se detienen a unas 300,000 personas en California y un tercio de ellas no son imputadas. Solo unas 100 personas solicitan que su información se retira de la base de datos la cual probablemente debe contener decenas de miles de perfiles de ADN de personas que no tienen antecedentes penales

Por considerar que el caso de California es diferente del de Maryland, la organización de derechos humanos ACLU está considerando solicitar que se revise el caso y se conceda que en ciertos casos no se almacenen los perfiles de ADN, una petición que el magistrado Milan D. Smith Jr., de la Corte de Apelaciones considera sin fundamento porque la diferencia entre los programas de California y Maryland es “ilusoria” y “materialmente indistinguible”, por lo que el caso debe cerrarse definitivamente.

La ley que ACLU ha recurrido judicialmente fue aceptada por los californianos en 2004 con la aprobación de la Propuesta 69 que disponía ampliar la toma de las muestras de ADN en todos los arrestos, aunque esta disposición inició su vigencia hasta el año 2009.

Más información LA Times

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